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Abogado que reivindica a los genocidas militares defiende los intereses de EIDICO
Por Indymedia Pueblos Originarios -
Thursday, Jun. 02, 2011 at 10:36 PM
originarios-arg@indymedia.org
Uno de los fundadores de la organización de la derecha católica "Asociación de Abogados por la Concordia y la Justicia" elevó una carta al Concejo Deliberante de Tigre en representación del "poseedor legítimo del inmueble" donde se asienta Punta Querandí, en Dique Luján, Tigre. No es la única vinculación entre la corporación inmobiliaria ligada al Opus Dei y defensores de genocidas militares.
Foto: Damián Neustadt
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EIDICO repudió mediante dos cartas dirigidas al Concejo Deliberante
la reciente resolución del poder legislativo de Tigre para que el Municipio tome
posesión preventiva de las tierras de Punta Querandí, en el paraje Punta
Canal. Este predio con acceso al Canal Villanueva y al arroyo Garín contiene
restos arqueológicos indígenas y es una ex parada intermedia ferroviaria,
por lo que es defendido como patrimonio público y cultural por una confluencia
de pueblos originarios, ambientalistas y vecinos, nucleados en el Movimiento
en Defensa de la Pacha.
Las quejas de EIDICO tomaron estado público en la última sesión del Concejo
Deliberante, el martes 24 de mayo, cuando ingresaron al recinto las misivas
dirigidas a la Comisión Especial Punta Canal, integrada por todos los bloques
políticos y desde la cual se consensuó la resolución aprobada el pasado 10 de
mayo.
Una de las cartas está firmada por el abogado Emilio Ignacio Hardoy, fundador
de la Asociación de Abogados por la Concordia y la Justicia, una organización
de extrema derecha que niega los crímenes de lesa humanidad cometidos durante
la última dictadura militar. El reconocido fundamentalista católico Cosme Beccar
Varela lo halaga en Internet al presentar como "brillante" su discurso
en el acto de la Asociación de Familiares y Amigos de Víctimas del Terrorismo
realizado el 5 de octubre de 2010. En dicho discurso Hardoy considera "presos
políticos" a los detenidos por delitos de lesa humanidad. "Son vencedores de una
guerra justa", dijo sobre los que fueron parte del Terrorismo de Estado.
Hardoy se anuncia como representante del "poseedor legítimo del inmueble"
ubicado en la calle Brasil en su intersección con el Canal Villanueva (el titular
sigue siendo el Estado Nacional). Describe la resolución del Concejo Deliberante
de Tigre como una "antijuridicidad" y advierte que recurrirán a la Justicia
por los "graves daños y perjuicios" que ocasionaría. "Sería beneficioso para todos
el evitarnos las complicaciones de semejante situación", dice la misiva.
La otra carta dirigida al Concejo Deliberante está firmada por Gonzalo
Oliva Beltrán, quien lo hace como representante de San Atanasio SRL
"propietario del lote 321F", aledaño al terreno en conflicto. En ese lote vive
con su familia un colega de Oliva Beltrán en su estudio de abogados, llamado
Ignacio Molinari, aunque
en el paraje se ha presentado como Ignacio Miranda, quien fue puesto por
EIDICO a mediados del 2009 cuando alambró el acceso al predio del ex apeadero
ferroviario Punta Canal, que hasta ese entonces siempre estuvo completamente
abierto.
El abogado Oliva Beltrán considera un disparate la resolución. Ataca en
particular que se haya desestimado la opinión de los arqueólogos contratados por
EIDICO, Daniel Loponte y Alejandro Acosta (INAPL), y que
se pida información a dos nuevos organismos, el Instituto Nacional de Asuntos
Indígenas y el Consejo Provincial de Asuntos Indígenas. Es que el Municipio
consulta sobre la valoración no sólo arqueológica sino cultural de los hallazgos
y del lugar, reivindicado por las organizaciones de pueblos originarios en el
área metropolitana.
"Resultaría tan infundada una decisión de toma de posesión que se debería tomar
posesión en infinidad de lugares del mismo Tigre en cada lugar que se encuentren
restos arqueológicos, sin considerar el escándalo que provocaría una medida irresponsable
de tal naturaleza a nivel nacional y el daño causado a la misma arqueología",
alega Oliva Beltrán.
Sin embargo un alto funcionario de Tigre expresó el 25 de mayo a este medio, durante
los festejos por el aniversario de la Sociedad de Fomento de Villa La Ñata,
que los argumentos planteados en ambas cartas "no tienen ningún asidero".
UN "VECINO" PRO-GENOCIDAS
Ignacio Molinari, puesto por EIDICO a vivir en el lote aledaño
a Punta Querandí, figura como uno de los firmantes de la solicitada
de la Asociación de Abogados por la Justicia y la Concordia publicada en
el Diario La Nación en mayo de 2010. "A los militares y fuerzas de seguridad,
empleados para combatir el terrorismo, se les han negado derechos y principios
que rigen, desde siempre, para todos los ciudadanos", afirma la carta abierta
de la asociacion, que repudia la derogación de las leyes de obedencia debida
y punto final, la cual permitió la reapertura de los juicios a quienes participaron
del genocidio de la última dictadura cívico-militar.
Molinari, de aspecto tranquilo, fue visto a comienzos de mayo por vecinos
del paraje cuando destruía un cartel que identifica el sitio Punta Querandí
y el "espacio de pesca y recreación a un kilómetro" en la esquina de la calle
Brasil y la ruta 26. "Tengo un problema personal con ellos. A mi el que me las
hace me las paga", le dijo Molinari sobre los manifestantes de Punta
Querandí a la vecina que lo increpó.
¿Otro mensaje intimidatorio? Miembros del Movimiento en Defensa de la Pacha
denunciaron el 25 de mayo en el Destacamento Policial de Villa La Ñata la
destrucción de banderas en Punta Querandí con un fierro caliente, el cual
fue encontrado en el fogón del campamento.
¿Por qué tanto empeño de EIDICO en mantener la posesión de las tierras?
Tal vez se trate de un proyecto de colonización más grande, por parte de estos
emprendedores de la extrema derecha católica que se resisten a verse vencidos
por un grupo de indígenas y vecinos sin recursos económicos que reivindican el
uso público y comunitario de las tierras de la ex estación intermedia ferroviaria
Punta Canal, y rescatan la memoria de las civilizaciones ancestrales que fueron
desaparecidas -se creía- del hoy Gran Buenos Aires durante los siglos XVI y XVII.
Y a su vez demuestran a la sociedad que es posible enfrentar al poder económico
para hacer prevalecer sus legítimos derechos.