Julio López
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A 5 años sin Jorge Julio López: El silencio del gobierno K es encubrimiento e impunidad
Por reenvío HIJOS La Plata - Saturday, Sep. 17, 2011 at 9:03 PM

Presentamos una síntesis de las irregularidades que atravesaron la causa judicial por la segunda desaparición forzada de Jorge Julio Lopez.

A 5 AÑOS SIN JORGE JULIO LOPEZ

EL SILENCIO DEL GOBIERNO K
ES ENCUBRIMIENTO E IMPUNIDAD


Presentamos una síntesis de las irregularidades que atravesaron la causa judicial por la segunda desaparición forzada de Jorge Julio Lopez.


El compañero Jorge Julio Lopez

En la década del ’70, Jorge Julio López era albañil y militante de la Unidad Básica “Juan Pablo Maestre” de la JP que funcionaba en el barrio de Los Hornos. El 27/10/76 fue secuestrado por un grupo de tareas al mando de Miguel Etchecolatz, que también secuestró a varios de sus compañeros de militancia en la zona. López estuvo detenido desaparecido en varios Centros Clandestinos de Detención: el Destacamento y el Pozo de Arana, la Comisaria 5ta, la Comisaría 8va y la Unidad 9. Fue legalizado como preso político en el ’77 y recuperó su libertad en junio del ‘79.

Sus valientes y lucidos testimonios sobre esos crímenes en el Juicio por la Verdad y en el Juicio a Etchecolatz, ayudaron al avance de la investigación sobre el Terrorismo de Estado en La Plata. Sus dos testimonios fueron de vital importancia en la condena a cadena perpetua al represor Etchecolatz, Director General de Investigaciones y jefe de una de las patotas de la Bonaerense del genocida Ramón Camps.

Lopez fue nuevamente secuestrado el 18 de Septiembre de 2006, día en que se exponían los alegatos de la querella en Juicio contra Etchecolatz. El secuestro de Julio López es uno de los ejemplos más claros de las consecuencias de la impunidad y la vigencia del aparato represivo.


Las responsabilidades políticas

La MULTISECTORIAL DE LA PLATA , BERISSO Y ENSENADA ha denunciado reiteradamente que la actitud de encubrimiento que los sectores gobernantes desplegaron en el caso. Sólo para mencionar algunos de los eslabones de ésta larga cadena de impunidad, recordamos:

* El entonces Ministro del Interior Anibal Fernandez dijo que el compañero se encontraba “asustado, escondido seguramente en la casa de alguna tía”.

* El Gobernador de la Provincia , el hoy “opositor” Felipe Sola encomendó a la bonaerense para la investigación creando una comisión cuyos responsables fueron partícipes de la dictadura como el Superintendente Roberto Silva, ingresado en la Bonaerense en marzo del 77, Alberto Farinelli integrante de la Dirección de Inteligencia de la policía en plena dictadura, y el capitán Zaffino titular de la Comisaría de Los Hornos cuando fusilaron a Darián Barzabal dentro de un patrullero de la repartición.

* A la Presidenta Cristina Fernández que cada 24 de marzo habla de “avances” en materia de juicio y castigo contra los genocidas de la última dictadura, pero ya ni siquiera menciona el nombre de Jorge Julio Lopez, en claro signo de complicidad y encubrimiento del caso.

* A la Justicia Provincial que durante un año y medio se negó a reconocer la desaparición limitándose a “buscar” al compañero, como si se tratara de un anciano enfermo que se hubiese perdido.

* A la Justicia Federal que siguió las pistas más alocadas, guiadas por videntes, que realizó allanamientos tardíos y mal hechos, que no investigó a ninguno de los denunciados por Julio en su declaración en el juicio a Echecolatz, (Garachico Urcola, Gomez, Gijena, Peralta, Ponce, Aguiar, algunos de ellos murieron en sus casas rodeados de impunidad).

* Al juez federal Arnaldo Corazza que perdió un tiempo irrecuperable con la causa en sus manos, y cuando por primera vez se apuntaba al círculo de instigadores, ideólogos y ejecutores, se excusó de seguir actuando.

* Al juez Humberto Blanco nuevo responsable de la causa, que apartó a la Secretaría especial dejando otra vez la causa paralizada y errante entre los intrincados intereses judiciales, el silencio y la pasividad palpables del Poder Ejecutivo y la indiferencia ostensible del Legislativo.

* Al Gobernador Daniel Scioli y su superministro de Seguridad y Justicia, Ricardo Casal, que se dedican a abonar el poder de mando de una Policía bonaerense que se autogobierna, y está implicada en todos los grandes delitos que dice combatir: narcotráfico, trata de personas, secuestros extorsivos, piratería del asfalto, etc; y que es el brazo armado del Estado que criminaliza al pobre y al que se opone al modelo de hambre y exclusión.


LA CAUSA


Cadáver encontrado en Punta Lara
A dos días del secuestro de Julio, apareció en la localidad de Punta Lara, un cadáver calcinado. Una persona que dijo llamarse Victoria Huck y ser miembro de la policía bonaerense, llamó al diario "Hoy" de La Plata e informó que el cadáver encontrado "era el de Julio López".
Pusimos inmediatamente al tanto de ese hecho al Gobernador Felipe Solá y al Ministro León Arslanián, quién nos dio como respuesta que la Comisionado Huck (jefa Distrital La Plata ) dijo "que no había sido", sin que hasta el día de hoy se la haya llamado a declarar.
A pesar de ello, tanto el Ministro Arslanián como el gobernador Solá, reconocieron la íntima relación de la aparición del cadáver con la desaparición de López, aceptando la hipótesis formulada por Justicia Ya! de que se trataba de un mensaje mafioso, propio de la policía bonaerense.
Seis meses después, y fortuitamente, pudimos tomar conocimiento de que dos guardaparques habían declarado ante la Delegación Departamental de Investigaciones (DDI), que el 19 de septiembre, un automóvil había ingresado al lugar donde luego se encontró el cadáver, aportando un identikit de las dos personas que ocupaban el auto y la descripción de dicho vehículo.
A instancias de la querella de Justicia Ya, los dos testigos declararon ante la justicia federal a fines de marzo de 2007. Nunca se cumplió con el pedido de adjuntar la desgrabación de la llamada recibida al "911" en que dejaron indicado el lugar para que el cadáver sea encontrado.

La justicia provincial
Durante los tres meses en que la causa transitó en la justicia provincial, se siguió una línea de investigación, determinada políticamente, tendiente a instalar la idea del extravío o la ausencia voluntaria de Jorge Julio López. La investigación fue llevada adelante por el Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires y la SIDE en forma muy poco seria. Se basó en datos extraídos de la guía telefónica y de preguntas genéricas realizadas a vecinos.
La Policía Federal reconoció por escrito que nunca investigó a esos represores, y por otra parte, tomaron 600 declaraciones que no adjuntaron a la causa.
Cada vez que esta parte se presentó al fiscal provincial Martini, su respuesta fue: "la causa la tiene la DDI ", el organismo que dependió de Etchecolatz durante la dictadura y en el que muchos de sus subordinados siguen en funciones.
La SIDE, la bonaerense y la Federal , actuaron SIN CONTROL JUDICIAL y sin compartir entre las distintas fuerzas la información obtenida.
Un hecho importante es que, a pocos días de la desaparición de López, en dos procedimientos diferentes con perros de la policía provincial en la primera oportunidad y de la policía federal en la segunda, los perros marcan un rastro de López en la puerta de una vivienda ubicada a 8 cuadras de su casa. Notablemente, se restringe la investigación al funcionamiento de esa vivienda y no se amplía al de las casas linderas.

Irregularidades del procedimiento en Atalaya
En esta "actuación" participaron cinco policías, en un auto sin identificación y con ropas de civil. Inexplicablemente, aún hoy se desconoce la identidad de estos dos agentes.
Según los testimonios policiales los perros se dirigieron desde la ruta directamente hasta la finca del Sr. Rubén Darío Durso. Violando las más elementales normas de procedimiento, más aún cuando un rastro da positivo, los policías reconocen que aceptaron la invitación a merendar en el interior de la vivienda.
De la actividad no se labró acta, lo que demuestra la clara intención de encubrir el irregular accionar policial.
Posteriormente se constituyó en la casa del Sr. Durso, una mega-comisión supuestamente integrada por los fiscales Martini y Berlingieri, la jefa de la Departamental La Plata, Huck, el jefe de la Distrital La Plata, Medoro, el titular de la Comisaría 3ra, capitán Zaffino, con el apoyo de helicópteros y perros.
Ingresan a la vivienda y los perros reconocen lugares, prendas y un colchón con rastros de López. Luego comienzan a seguir un rastro que los lleva al campo de enfrente. Increíblemente, la policía y los fiscales deciden detener el rastrillaje argumentando "lo tupido de la vegetación y la oscuridad reinante".
Entonces, se abren dos posibilidades: la policía "plantó" una prueba o frustró la producción de la misma.
También señalamos que el funcionario policial designado por el Ministerio de Seguridad (bonaerense) para dirigir la investigación fue en esta etapa el Superintendente Roberto Silva, ingresado a la policía el 1º de marzo de 1977.

La “in” Competencia
Ante la insistencia de Justicia Ya! de que la causa pase a la justicia federal para que el hecho sea investigado como desaparición de persona, se plantea un conflicto de competencia que es resuelto por la Corte Suprema de Justicia de la Nación con más de 20 días de retraso. Hasta el Procurador General de la Nación , Esteban Righi se opuso alegando la inexistencia de elementos para afirmar que López hubiera sido víctima de algún delito.

Actuación de la justicia federal
Una vez radicada la causa en la justicia federal el juez Corazza continúa delegando la investigación en la Policía Federal , la provincial y la SIDE sin dirigirla ni siquiera controlarla.
Sólo ante el pedido de esta parte querellante, el juez se anoticia de la existencia de un expediente paralelo en poder de la Delegación La Plata de la Policía Federal. Corazza solicita que se le remita el expediente, medida que inicialmente es resistida por la Policía Federal.
Idéntic a situación se produjo con investigaciones paralelas realizadas por la policía provincial. Ante nuestros insistentes reclamos se adjuntaron a la causa federal informes acerca de cruces telefónicos, organigramas de las personas investigadas y sobre las visitas que recibieron los represores recluidos en el penal de Marcos Paz. No consta en el expediente que el juez haya realizado un análisis serio de esta información.
Constan en la causa detalladísimos informes de inteligencia llevados a cabo por la SIDE durante el año pasado respecto de familiares, vecinos y amigos de López pero no aporta ningún informe sobre investigaciones al entorno de Etchecolatz. Desde hace cuatro meses la SIDE no entrega ningún otro dato a la causa.
Debemos denunciar que existe una mecánica de "blanqueo" de las investigaciones realizadas en forma paralela por las fuerzas de seguridad e inteligencia. Una de las personas investigadas tiene relación familiar con miembros de la fuerza en actividad con acceso a la causa. Hasta hoy no se ha plasmado ningún avance en la referida pista.
Cabe destacar que la dirección de esa investigación le fue asignada a Oscar Alberto Farinelli, quien ingresó a la policía bonaerense el 12 de marzo de 1973, se retiró el 4 de febrero de 1975 y se reincorporó el 17 de junio de 1976. A partir de esa fecha, hizo toda su carrera en la Dirección General de Inteligencia (DIPBA) con lo que estaba en esa función cuando López fue secuestrado y desaparecido por primera vez.
Es necesario destacar un caso surrealista: el 25 de diciembre de 2006 se realizó un procedimiento en base a las declaraciones de una persona de origen peruano, residente en Argentina, quien se comunicó telefónicamente con una amiga que vive en Perú la que, según el declarante, por la noches se convierte en águila. En uno de sus vuelos nocturnos la mujer-pájaro avistó a Julio López en un campo cercano a La Plata. Esta declaración provocó la movilización de tres comisarías y un procedimiento que incluyó decenas de traslados, móviles, identificación de personas y declaraciones testimoniales.

Requisa en el penal de Marcos Paz
Desde el primer momento, Justicia Ya! sostuvo que había que investigar a los represores recluidos en el penal federal de Marcos Paz. El procedimiento se realizó seis meses después y en las peores condiciones. El juez Corazza resolvió no realizar un allanamiento, medida judicial que se lleva a cabo sin previo aviso al Servicio Penitenciario Federal, en la que puede participar el juez y la querella. El 23 de marzo se realizó una requisa a cargo del Servicio Penitenciario Federal, sin la presencia del juez ni de ningún otro funcionario judicial.
Según trascendió por medios periodísticos, los reclusos sabían con 48 hs. de anticipación que se realizaría dicha requisa. Desde el 14 de marzo constaba en la causa una denuncia sobre el trato preferencial que en el penal de Marcos Paz reciben los represores. Ni el juez Corazza ni el Ministro Iribarne tomaron ninguna medida al respecto.

El “avance”
El único pretendido “avance” que se dio este año en la causa López fue la declaración en marzo del médico policial Carlos Osvaldo Falcone, que fue citado porque en su casa de Mar del Plata se halló en el 2009 un automóvil en el que se sospecha habría sido secuestrado López. En su declaración dijo que se lo habían prestado, que “no sabía que era robado” y negó haber dicho que en ese auto fue secuestrado López. Falcone figura en la agenda que se le secuestró a Etchecolatz tras la desaparición de López y visitó a este genocida en la cárcel de Marcos Paz en al menos dos oportunidades.
Las pruebas ya obrantes en la causa eran contundentes como para comenzar esta indagatoria un año atrás, sin embargo la causa circuló por los pasillos judiciales mientras jueces y fiscales se la sacaban de encima.

El circo de Parque Pereyra
Tras una larga quietud en la causa, recién en febrero de este año se hizo un rastrillaje en la zona de la estación Pereyra del FFCC Roca. Esta búsqueda comenzó a partir de la denuncia de un supuesto testigo de identidad reservada, que habría tenido datos sobre la posibilidad de que el cuerpo de Lopez estuviera enterrado en las inmediaciones de la estación de trenes.
En realidad el “testigo” era un apadrinado o bien un alter ego del abogado Sanchez Kalbermaten, conocido en el ámbito judicial por ser un denunciador compulsivo profesional.
En las tareas, un sofisticado geo-radar localizó 8 puntos donde podría haber habido remoción de tierra, pero dadas las imprecisiones que tuvo el “testigo” al señalar el lugar, la tarea era inmensurable y rápidamente perdió credibilidad. Lo que llamó la atención en el hecho, fue el despliegue periodístico realizado ante la nueva pista: muchos medios conocían el dato antes de que el Superministro de Seguridad y Justicia, Ricardo Casal, llegara con la denuncia a la justicia. El oportunismo mediático del abogado Kalbermaten y del superministro Casal fue claro: la pista era una más de las cientas de la causa y jamás justificaba l movilización de recursos por ser tan vaga. De hecho, luego de 3 días de actividad en la zona, no sólo no se encontró a Lopez, sino que ni siquiera se confirmaron indicios que correspondieran con la declaración del “testigo”, que además nunca fue citado a declarar, tampoco su alter ego Kalbermaten, para explicar el origen de su “información”. Una vez más quedó demostrada la falta de profundidad con que la investigación se realiza.
Por todo esto, rechazamos la actitud pasiva y silenciosa de los gobiernos Nacional y Provincial que, viendo el tiempo trascurrido, es ya una posición de complicidad y encubrimiento de los sectores del aparato represivo de la dictadura que siguen impunes y en funcionamiento.


La historia nos ha enseñado que las desapariciones forzadas implican el secuestro, la tortura, el asesinato y el ocultamiento del cuerpo, y son perpetradas por fuerzas de seguridad o parapoliciales con un objetivo político claro: el disciplinamiento de los sectores organizados y que luchan. Eso es lo que pasó con Julio López, su secuestro y desaparición fue en dictadura y sigue siendo en esta “democracia” un hecho político de amedrentamiento de los que se atreven a desafiar este modelo de exclusión.

La continuidad del plan genocida se despliega hoy con políticas de autocracia y corrupción policial, gatillo fácil en aplicación permanente como amedrentamiento social a los desposeídos y judicialización de los que no son útiles a los fines de este modelo de “crecimiento con base en la exclusión”. Esta es la verdadera doble política de Derechos Humanos que el kirchnerismo ha utilizado para darse aires progresistas en su gestión y lograr una aprobación popular semi-duradera en un país que continúa presentando las tensiones propias de un esquema social de desigualdad, pero donde se ha consolidado un sector oficial acrítico en el movimiento de Derechos Humanos, que cumple el rol de convalidar lo poco que se hace en detrimento de lo mucho que queda por exigir en la materia.


8 años de juicios a cuentagotas

El pasado mes de Agosto se cumplieron 8 años que la lucha popular hiciera caer las leyes de impunidad, en este tiempo el Estado Argentino efectivizó 50 juicios orales con sentencias en todo el país. En ellos fueron procesados 240 imputados (algunos en varias causas), donde hubo 221 condenas, 18 absoluciones y un muerto impune, El total de procesados desde el 2003 es de 1757 lo que nos da que sólo alrededor del 13% de estos fue condenado y en la mayoría de los casos las condenas fueron menores al máximo de pena. Se debatieron en los distintos juicios los casos de 1136 víctimas. Del resto de los procesados 814 (46%) se encuentran en libertad. Hay 39 represores prófugos y 280 que murieron impunes. De las absoluciones hubo algunas escandalosas como la de Duret (causa desaparición de Carlos Labolita) Miguel Angel Trimarchi (masacre de Fátima), en Córdoba de 31 procesados por los hechos en la Unidad Penal 1 de esa provincia 7 fueron absueltos.

De estos 50 juicios realizados más de la cuarta parte tuvieron a un solo imputado, más de la mitad entre 1 y 5. Este patrón responde a la lógica del juzgamiento sólo de las responsabilidades de los altos jefes del mando militar o policial. Del resto de las fuerzas o de los civiles responsables el número de condenas es ínfimo.

Datos oficiales lo confirman: cuatro de cada diez represores procesados están excarcelados, es decir el 42 % de los encausados. Pero además el 40 % de los detenidos tienen prisión domiciliaria. Esta es una de las preocupaciones que rondaron al largo camino de instrucción de las causas hoy acumuladas para ser llevadas próximamente a audiencia oral en La Plata : la situación de impunidad de que gozan la mayoría de los represores imputados en los procesos pendientes, sobre todo por la vía de beneficios como la prisión domiciliaria o la lisa y llana excarcelación. Según estos números de la Unidad Fiscal de coordinación y seguimiento de las causas contra los genocidas, el 42 % de los procesados está excarcelado y el 58 % con prisión preventiva. Pero la prisión preventiva tampoco es completa: el 40 % de los detenidos tiene detención domiciliaria. En resumen, el 82% de los procesados está en su casa libre o con domiciliaria.

Desde los organismos de DDHH de La Plata hemos denominado a la próxima causa a juzgarse en La Plata como “CIRCUITO CAMPS”, ya que si bien en la década de los 80 hubo una primera causa Camps o 44 la decena de represores allí juzgados recibieron condenas mínimas y luego fueron beneficiados por las leyes de impunidad. Esta nueva causa Camps es la más extensa llevada a juicio hasta el momento en la Plata , allí se juzgará a 26 represores por crímenes cometidos contra 280 compañeros en cinco Centros Clandestino de Detención: Comisaría 5ª (Dg. 74 entre 23 y 24), Brigada de Investigaciones La Plata (calle 55 entre 13 y 14) Delegación de Cuatrerismo de Arana (137 y 640), Puesto Vasco (Don Bosco, Quilmes) y COTI 1 Martinez (avenida del Libertador al 14200, San Isidro). Por la 5ta y Arana pasó Lopez como detenido ilegal. Su testimonio estará presente en el juicio sólo como una proyección audiovisual.

La concreción de este juicio es un triunfo de la lucha que desde su creación viene sosteniendo el espacio Justicia Ya, en el que se rompe con la mecánica de llevar a los estrados judiciales a un solo represor (Etchecolatz, V.Wernich) o a un solo lugar (U9). Pero seguimos sosteniendo que es un juicio parcial, ya que no se contemplan infinidad de casos de compañeros que pasaron por estos CCD y quedan afuera de la imputaciones varios de los represores identificados y muchos de los que se podrían haber identificado si se hubieran entregado y abierto los listados de policías que estuvieron en estos centros siendo que todos ellos tuvieron como fachada comisarías y establecimientos “legales”. Ante la magnitud en cantidad y movimiento de secuestrados que por esos lugares pasaron, era imposible que alguien que haya estado allí pudiera como mínimo desconocer lo que sucedía.

Durante la dictadura funcionaron en La Plata unos 12 Centros Clandestinos de Detención, coordinados por miles de efectivos de la Policía bonaerense y de las Fuerzas Armadas. De esos miles de genocidas, sólo 19 fueron condenados por los procesos que nos propone el Estado argentino. Pero la investigación y sanción de los delitos cometidos por los verdugos de la dictadura militar es una responsabilidad indelegable de ese Estado, incluidos sus tres poderes constitutivos.

Por todo esto denunciamos que no existe en ningún sector del poder político kirchnerista u opositor por derecha ninguna voluntad real de condenar el carácter masivo y planificado de la represión, en un concepto, de reconocer que lo que aquí sucedió fue un Genocidio.


A 5 AÑOS SIN JORGE JULIO LOPEZ seguimos exigiendo

*Juicio y Castigo a los genocidas de la bonaerense de ayer – Juicio por Centro Clandestino de Detención - Condena a todos los genocidas por todos los compañeros.

*Restitución de nuestros más de 400 hermanos apropiados por los genocidas. Extensión del Banco Nacional de Datos Genéticos.

*Basta de amenazas a los testigos en los juicios a los genocidas.


HIJOS LA PLATA
Agosto de 2011

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