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Directora del INAPL apoyó el reentierro del ancestro del sitio Garín
Por Indymedia Pueblos Originarios - Tuesday, Dec. 06, 2011 at 4:24 PM
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Integrantes de pueblos indígenas del área metropolitana se dirigieron a la sede del Instituto Nacional de Antropología y Pensamiento Latinoamericano (INAPL) para solicitar información sobre los restos humanos de un antepasado indígena que el arqueólogo Daniel Loponte habría llevado a ese lugar. Ellos consideraron como una obligación lograr que el hermano sea reenterrado en su territorio de origen, en la zona de Punta Querandí, al norte del partido de Tigre. Diana Rolandi, directora del organismo, aseguró estar de acuerdo con la idea del traslado del cuerpo, aunque alegó desconocer si se encuentra en el edificio de la institución, ya que el control de las piezas provenientes de sitios arqueológicos de la provincia lo lleva a cabo una entidad bonaerense. A su vez, se comprometió a dar datos y reconoció los intereses económicos que impiden la debida protección de los espacios ancestrales.

Fotos de Sandra Barrientos Callamullo / Movimiento en Defensa de la Pacha

Directora del INAPL ...
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El punto de encuentro para iniciar la actividad el miércoles 30 de noviembre, fue la Avenida Cabildo y Lacroze, a las doce del mediodía, donde muchos vecinos y vecinas al ver las whipalas -emblemas indígenas- se detuvieron para preguntar acerca del reclamo. A las 13.30 hs, unas treinta personas de distintas organizaciones originarias y no indígenas llegaron hasta la puerta del INAPL, ubicado en la calle 3 de Febrero 1378 del barrio de Belgrano. Diana Rolandi recibió a una delegación de cinco personas del Movimiento en Defensa de la Pacha, y el diálogo se extendió durante casi una hora.

Se sabe con certeza que un esqueleto casi completo fue extraído de un enterratorio años antes de que el barrio privado Santa Catalina se construyera sobre él, a principios del 2000, frente al campamento de Punta Querandí, en Tigre. En el petitorio se requirió "acceso visual a los restos de nuestro ancestro" y pidieron reseñas sobre las diferentes excavaciones y estudios que se han realizado sobre ese sitio; los nombres de los investigadores; quién sustrajo el cuerpo y en qué condiciones; y las acciones que hayan realizado los arqueólogos que resguardan el área para evitar que allí se ejecutaran las construcciones. "Queremos saber qué recorrido han realizado los restos de este hermano, en cuáles oficinas, museos y centros de investigaciones ha sido depositado y estudiado, así como toda destrucción parcial a la que hayan sometido al cuerpo con fines 'científicos'", se señaló en el documento, donde también se consultó sobre la existencia de otros vestigios humanos removidos de yacimientos arqueológicos ubicados en la zona norte, que estén depositados en el instituto.

Por lo pronto, los manifestantes adelantaron que presentarán la misma solicitud en las oficinas de la entidad arqueológica de la provincia y del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, a quien el decreto presidencial 701/2010 otorgó el rol de coordinar y asistir en el seguimiento del cumplimiento de la Ley 25517 de restitución de restos humanos. "El camino del retorno de nuestro ancestro se ha iniciado", evaluaron desde el Movimiento en Defensa de la Pacha.

LA REUNIÓN

Rolandi expresó que no tenía información sobre los datos solicitados, ya que al ser un sitio de la provincia de Buenos Aires, la responsabilidad recae en el Centro de Registro del Instituto Cultural Bonaerense, a cargo de Fernando Oliva. Los indígenas explicaron que en el mes de febrero el arqueólogo Daniel Loponte confirmó que estas piezas se encontraban en el Instituto Nacional de Antropología y Pensamiento Latinoamericano. "No lo sé, puede ser", respondió.

La directora del organismo también expresó que estudiaría el petitorio presentado y que no tendría problemas en brindar la información si estaba a su alcance. La comitiva originaria, por su parte, explicó que solicitaban su intervención porque los investigadores que tienen ese conocimiento, Daniel Loponte y Alejandro Acosta, trabajan en esa institución. Así, en febrero de 2001, el INAPL respondió con un informe elaborado por ellos al requerimiento de la Defensoría del Pueblo de la Nación sobre el estado de los sitios del partido de Tigre.

Sobre la propuesta de reenterrar al ancestro en su territorio de origen, Rolandi se manifestó en total acuerdo: "El Decreto 701 nos nombra como organismo asesor del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) y cuando nos han consultado desde allí, nosotros hemos apoyado. Yo no tengo ningún problema. Los restos son para estudio científico, después no hay otro objetivo, no es necesario retenerlos para nada, no tiene sentido".

La funcionaria luego agregó: "El arqueólogo a veces en una excavación puede encontrar restos humanos, que me parece que no es necesario conservarlo después, a lo sumo se puede estudiar porque nos puede dar idea de cómo vivían los pueblos, qué tipo de alimentación tenían, qué tipo de enfermades, pero eso es un estudio que se hace en un término equis… después no es necesario más, ¿para qué los queremos tener?".

"Totalmente de acuerdo", respondió la directora de la institución al planteo de Alberto Aguirre, del pueblo qom, acerca de que los originarios consideran un "ultraje" que se tengan vestigios de sus antepasados "diseminados por todos los museos y que no sean devueltos a las comunidades".

INTERESES EN EL TERRITORIO

Diana Rolandi fue consultada sobre el proyecto de ley provincial de arqueología, presentada por una diputada bonaerense con el impulso de Loponte, responsabe de los sitios de la zona norte, quien es cuestionado por los indígenas. Entre otros puntos polémicos, asegura para los arqueólogos la retención durante ocho años de los restos humanos, incluso cuando sean reclamados por las comunidades. "No conozco ese proyecto, no lo leí, acá no lo estamos trabajando. Será a título personal", agregó. También aseguró no conocer las críticas que recibió la iniciativa, difundidas por el diario Página 12.

Valentín Palma Callamullo apuntó que también a título personal "hacen campañas de rescate muy rápidos para liberar predios para empresas que hacen barrios privados", a lo que la funcionaria respondió: "Eso lo vamos a analizar, lo tenemos que ver", aunque insistió en que la responsabilidad es del área del Instituto Cultural Bonaerense que autoriza los informes.

Los integrantes del Movimiento en Defensa de la Pacha precisaron que estos profesionales se desempeñan bajo el paraguas del Estado, pero al mismo tiempo han hecho trabajos de manera privada, y que a su vez los informes los realizan con el membrete del INAPL. "Creo que es una desprolijidad que deberían revisar porque da a entender que ustedes están avalando todo esto", le dijeron a la funcionaria, quien manifestó no estar enterada de esto. "Puede ser, no lo se…", dijo nuevamente.

Los miembros de esta organización notificaron a Diana Rolandi que la zona cercana al Delta está lleno de sitios arqueológicos, que son destruidos "muchas veces con el aval de los arqueólogos que van a hacer las extracciones". "El deber de los arqueólogos es como el deber de los médicos, salvaguardar y luchar por la existencia de las personas. Pero en nuestro radio de acción notamos que lo único que se busca es excavar, rescatar y decir: predio liberado… y que las empresas construyan los countries sobre nuestros cementerios", agregó Alberto Aguirre. La representante del organismo atinó a decir: "No, no, eso está mal…."

Alberto citó lo sucedido con el barrio privado Santa Catalina, por eso uno de los puntos del petitorio es reclamar información sobre cuáles fueron las medidas que se tomaron para evitar la construcción sobre el enterratorio del sitio Garín. "Solicitamos también que nos ayuden, queremos el apoyo de ustedes", resumió.

TRABAJO MANCOMUNADO

La directora del INAPL expresó estar "absolutamente de acuerdo" con la idea de trabajar en conjunto con las comunidades, y contó que así se hace en varias provincias, ya sean pueblos originarios o rurales criollas. "Lo que queremos es que lo que se hace sea en beneficio de la comunidad, que la arqueología sea alguna forma de posibilitarles un agregado a los medios de vida que tienen, que generalmente son escasos", aseguró.

Para mantener el resguardo de los sitios arqueológicos, argumentó que es imprescindible la participación de los poblados locales. "Nadie puede ejercer el llamado derecho de policía estando lejos, tienen que ser las comunidades los custodios de los sitios", explicó. Alberto contestó que tiempo atrás le propusieron a Loponte que marque los demás sitios de la zona, para que sean cuidados por ellos. Sin embargo, "nos dijo hay que ver, nos dio vueltas".

En el mismo sentido, los integrantes del Movimiento en Defensa de la Pacha plantearon a Rolandi que sería interesante que profesionales de la institución decidieran trabajar con los vecinos y los indígenas del paraje Punta Canal, donde se asienta Punta Querandí, ya que también se trata de un territorio en peligro, en este caso, por los megaemprendimientos de barrios privados.

Los manifestantes expresaron que desde el inicio del conflicto hace tres años, ninguna autoridad arqueológica los respaldó, por el contrario, algunos especialistas se han expresado en desacuerdo con el reclamo.

Sandra Barrientos Callamullo, otra integrante del Movimiento en Defensa de la Pacha, agregó que la idea es "trabajar desde la cosmovisión indígena, desde nuestra valoración con respecto a todo estos distintos elementos que hacen a la identidad y a la práctica indígena, sea en el pasado o en el presente. En este caso hace a la identidad del Río de la Plata y en el futuro sería bueno que trabajen con las comunidades de esta provincia, cómo lo hacen en otras".

La funcionaria sugirió hacer una reunión entre el área arqueológica de la Provincia, el INAPL y el municipio de Tigre: "Es la única manera para ver cómo seguimos adelante".

Por último, explicó que la protección de los sitios arqueológicos es compleja por los intereses económicos existentes. En ese sentido, dio como ejemplos la realidad de muchas zonas donde "tenemos los problemas de la explotación minera, tienen mucho poder y nos cuesta mucho, porque dejan regalías y las provincias no se oponen ni les importa que haya sitios".

Una situación que parece repetirse en el área metropolitana. En este caso, con los llamados "desarrollos inmobiliarios", que representan un impacto ambiental, social y cultural negativo del cual los grandes medios de comunicación aún no han dado visibilidad.

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