Julio López
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Declaración a los medios del Relator Especial de las Naciones Unidas sobre los derechos de
Por Naciones Unidas - Derechos Humanos - Friday, Dec. 09, 2011 at 8:26 PM

“En mi calidad de Relator Especial de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas, estoy concluyendo una visita oficial a Argentina que comenzó el 27 de noviembre recién pasado. Durante mi visita, he sostenido una serie de reuniones con diversos representantes de pueblos y comunidades indígenas, y con oficiales del Gobierno nacional en Buenos Aires y de las provincias en Neuquén, Río Negro Salta, Jujuy y Formosa. Asimismo, realicé visitas a diferentes comunidades indígenas en estas provincias y sostuve reuniones con representantes de la sociedad civil.

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“Quisiera agradecer al Gobierno de Argentina por la cooperación que me ha brindado para la visita. Además quisiera agradecer a los representantes de pueblos y organizaciones indígenas en Argentina cuya colaboración en la planificación y realización de mi visita fue imprescindible.

“Durante mi visita he procurado comprender los puntos de vista de los pueblos originarios, representantes de los gobiernos nacional y provincial y de otras partes interesadas sobre los alcances y desafíos que existen con respecto al goce de los derechos humanos de los pueblos indígenas de Argentina.

“Durante las próximas semanas estaré revisando la información que he obtenido durante la visita para elaborar un informe que evaluará la situación de los derechos humanos de los pueblos indígenas en Argentina y que incluirá una serie de recomendaciones. Este informe se hará público y será presentado al Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Mi expectativa es que el informe contribuya a la búsqueda de soluciones por parte del Gobierno de Argentina y de los pueblos indígenas a los varios desafíos que enfrentan los pueblos indígenas del país.

“En anticipación a mi informe, ofrezco ahora algunas observaciones preliminares.

“En todos los lugares visitados, he podido constatar un consenso entre las partes interesadas con respecto a los avances en el marco normativo legal que se han dado en el país en materia de derechos de los pueblos indígenas. Estos avances incluyen las importantes disposiciones de la Constitución de Argentina de 1994 en materia indígena, y la Ley 26.160 de 2006 que tiene como fin detener los desalojos de comunidades indígenas y emprender un programa de relevamiento jurídico a nivel nacional para contribuir a la regularización de la propiedad comunitaria indígena. Otro avance significativo es la ratificación por Argentina del Convenio 169 de la Organización Internacional de Trabajo sobre pueblos indígenas y tribales.

“Sin embargo, observo que, para poder implementar los derechos reconocidos en estos instrumentos, es necesario que las instituciones nacionales y provinciales den mayor prioridad a los temas relacionados con los derechos humanos de los pueblos indígenas. En este sentido, considero que las instituciones del gobierno necesitan ser fortalecidas y capacitadas para mejor responder a los diversos problemas que enfrentan los pueblos originarios del país.

“En particular, considero importante que se emprendan programas de capacitación para funcionarios del poder judicial a nivel nacional y provincial en las normas nacionales e internacionales sobre derechos de los pueblos indígenas y su aplicación en casos relacionados con temas tales como los derechos a tierras y recursos naturales de estos pueblos.

“A la misma vez, el Gobierno de la nación y las provincias deben incorporar de mejor manera las normas sentadas en el Convenio 169 de la OIT, la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas y otros instrumentos internacionales aplicables en la elaboración de sus políticas públicas y su programación. También, deben redoblar esfuerzos para coordinar las acciones que emprenden a favor de los pueblos indígenas, incluyendo en relación con el relevamiento territorial y el reconocimiento efectivo de la personaría jurídica de las comunidades o pueblos indígenas.

“En esta conexión, una preocupación central expresada por representantes indígenas durante el transcurso de mi vista ha sido la falta de seguridad jurídica de sus derechos sobre sus tierras tradicionales, y en particular los diversos problemas y retrasos que enfrentan en los procesos de relevamiento territorial. De especial preocupación para los pueblos indígenas a lo largo del país figura la serie de desalojos de miembros de pueblos indígenas dentro de extensiones de tierras reclamadas por ellos con base en su ocupación tradicional o ancestral.

“La mayoría de estos desalojos han sido producto de una orden judicial que hace difícil el reconocimiento efectivo de la propiedad comunitaria, y se han dado en el marco de disputas territoriales entre miembros de pueblos indígenas y propietarios privados o empresas. Esta situación es de especial preocupación dado a que estos desalojos han sido llevados a cabo en años recientes a pesar del reconocimiento de la propiedad comunitaria indígena en la Constitución de la nación, la Ley 26.160 y el Convenio 169 de la OIT.

“Otro problema relacionado a la inseguridad jurídica de las tierras tradicionales de los pueblos indígenas es la existencia o promoción de proyectos de industrias extractivas dentro o cerca de los territorios y comunidades indígenas. He escuchado testimonios de miembros de pueblos indígenas sobre los efectos a la salud y medio ambiente generados por actividades extractivas, y sobre la necesidad de que el Estado argentino preste mayor atención a la remediación de estos efectos.

“Un factor común presente en los diversos casos que fueron llevados a mi atención ha sido la falta de consulta efectiva con los pueblos indígenas afectados antes de emprender dichos proyectos, y la falta de su participación en la toma de decisiones sobre estos proyectos y en los beneficios económicos derivados de ellos. Coincido con lo que he escuchado tanto de representantes indígenas como de algunos representantes gubernamentales, que es necesario regular un procedimiento de consulta con los pueblos indígenas en relación a las industrias extractivas y otros asuntos que les afectan.

“También en relación con la participación de los pueblos indígenas en la toma de decisiones que les afectan, me preocupa la información que he recibido sobre los efectos generados por la declaración de Sitios de Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO en áreas donde habitan comunidades indígenas, por ejemplo en la Quebrada de Humahuaca. He sido informado que los pueblos originarios que viven dentro de estos sitios no fueron involucrados en el proceso de declaración de los sitios, no están participando en el manejo de los mismos y se sienten limitados en su capacidad de mantener sus actividades tradicionales y de subsistencia dentro de estos sitios.

“A la misma vez, he tenido conocimiento sobre iniciativas de desarrollo propuestas por los mismos pueblos indígenas que promueven el propio manejo de sus recursos naturales y la auto-suficiencia económica de sus comunidades. Considero que el Estado debe promover estas iniciativas y crear las condiciones para fortalecer el efectivo control por parte de los pueblos indígenas sobre su desarrollo económico.

“Para ello, es esencial asimismo que los pueblos indígenas tengan acceso a una educación adecuada, una educación que llegue a sus comunidades y que se adapte a sus realidades. En esta conexión, considero que existe la necesidad de ampliar los programas existentes de educación intercultural bilingüe con la participación de los pueblos indígenas con el fin de que verdaderamente promuevan las lenguas y culturas indígenas. Además, el Estado y las provincias deben dar una mayor atención al acceso a la educación universitaria y la situación particular de mujeres indígenas estudiando en áreas urbanas.

“Reconozco que algunas de estas preocupaciones están siendo atendidas por las instituciones federales y provinciales. Por ejemplo, he tenido conocimiento de algunas importantes iniciativas del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) para avanzar en el relevamiento territorial y algunos programas de desarrollo social en las provincias. Reconozco también el programa, dentro del marco Ley de Servicio de Comunicación Audiovisual, para mejorar la capacidad de comunicación de las comunidades indígenas en áreas remotas a través del establecimiento de emisoras comunitarios de radio.

“Estos avances necesitan ser fortalecidos, y para ello es necesario que el Gobierno dé mayor prioridad al tema indígena, que desarrolle nuevos programas y políticas públicas en este sentido, y que asegure que estos programas y políticas sean implementados de acuerdo con los estándares internaciones relevantes.

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Relator de la ONU pide a Argentina priorizar atención de los indígenas
Por Univision Noticias - Friday, Dec. 09, 2011 at 9:20 PM

AFP - El relator especial de la ONU sobre los derechos de los pueblos indígenas, James Anaya, estimó este miércoles que el gobierno argentino debe priorizar la atención de los derechos humanos indígenas y m...

El relator especial de la ONU sobre los derechos de los pueblos indígenas, James Anaya, estimó este miércoles que el gobierno argentino debe priorizar la atención de los derechos humanos indígenas y mejorar su acceso a la educación, la salud y la tenencia de la tierra.

"Reconozco que algunas situaciones están siendo atendidas, pero estos avances deben ser fortalecidos y para ello las instituciones nacionales y provinciales deben dar mayor prioridad a los derechos humanos de los pueblos indígenas y dar respuestas que se adecúen a los estándares internacionales", dijo en conferencia de prensa en Buenos Aires.

Se trata de la primera visita al país de un experto independiente designado por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU para indagar sobe el tema y elaborar un informe que será divulgado el año próximo.

Al brindar un adelanto de su contenido Anaya consideró que existe en Argentina "falta de información" sobre los derechos indígenas y en ese sentido recomendó "capacitar a funcionarios del poder judicial a nivel nacional y provincial en las normas nacionales e internacionales" sobre la materia.

Sobre todo "en su aplicación en casos relacionados con temas tales como los derechos a la tierra y recursos naturales de estos pueblos", dijo.

En los últimos años se sucedieron conflictos en Argentina por la tenencia de tierras ancestrales que dieron lugar a desalojos violentos, como en la provincia de Jujuy, donde murieron dos personas el año pasado en medio de un operativo policial.

El mes pasado un campesino indígena de una pequeña comunidad de la provincia de Santiago del Estero fue asesinado a balazos, en un confuso episodio en el marco de un reclamo por la tenencia de tierras.

Anaya admitió que fue informado sobre estos episodios pero no hizo comentarios al respecto.

El representante de la ONU admitió que "otro problema relacionado a la inseguridad jurídica de las tierras tradicionales de los pueblos indígenas es la existencia o promoción de proyectos de industrias extractivas dentro o cerca de los territorios y comunidades indígenas".

En ese sentido reclamó mayor participación en las decisiones para los indígenas al advertir que en muchos casos se trata de actividades económicas que afectan la salud y el medio ambiente de esas comunidades.

"Es necesario regular un procedimiento de consulta con los pueblos indígenas en relación a las industrias extractivas y otros asuntos que los afectan", dijo.

También admitió que "en general las condiciones de salud de los pueblos indígenas son inferiores" al resto de la población y consideró "esencial que los pueblos indígenas tengan acceso a la educación adecuada con programas de educación intercultural bilingüe".

En su estadía de diez días en Argentina, Anaya se entrevistó con representantes de comunidades indígenas del noroeste del país, así como con autoridades nacionales y provinciales para relevar la situación de los pueblos originarios.

En Argentina hay 1,5 millones de personas que integran 19 pueblos originarios, sobre una población total de 40 millones, según datos de ONG.

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El Relator de la ONU destacó los avances argentinos en políticas indígenas
Por Telam - Friday, Dec. 09, 2011 at 9:27 PM

El Relator Especial sobre asuntos Indígenas de la ONU, James Anaya, se refirió a "los avances en el marco normativo legal que se han dado en el país en materia de derechos de los pueblos indígenas".

Anaya, que está en la Argentina desde el pasado 27 de noviembre realizando un informe de la situación de los pueblos originarios, dio hoy una conferencia de prensa en la sede porteña de la ONU para presentar sus conclusiones preliminares.

El especialista detalló que "estos avances incluyen las importantes disposiciones de la Constitución Argentina de 1994, y la Ley 26.160 del 2006 que tiene como fin detener los desalojos de comunidades indígenas".



En este sentido, destacó la posibilidad que brinda esa norma para "emprender un programa de relevamiento jurídico a nivel nacional para contribuir a la regularización de la propiedad comunitaria indígena".

"Otro avance significativo es la ratificación por parte de la Argentina del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre pueblos indígenas y tribales", señaló el académico estadounidense.

Anaya advirtió que "considero importante que se emprendan programas de capacitación para funcionarios del poder judicial a nivel provincial y nacional en las normas nacionales e internacionales sobre derechos de pueblos indígenas y su aplicación en casos tales como derechos de tierras y recursos naturales de estos pueblos".

"El gobierno nacional y los gobiernos provinciales deben redoblar esfuerzos para coordinar las acciones que emprenden a favor de los pueblos indígenas, incluyendo el relevamiento territorial y el reconocimiento efectivo de la personería jurídica de las comunidades", instó el relator.

Sobre este problema, Anaya aseguró que "es de especial preocupación para los pueblos indígenas a lo largo del país la serie de desalojos de miembros de pueblos indígenas dentro de extensiones reclamadas por ellos con base en su ocupación tradicional o ancestral".

"Otro problema relacionado a la inseguridad jurídica de las tierras tradicionales de los pueblos indígenas es la existencia o promoción de proyectos de industrias extractivas dentro o cerca de los territorios y comunidades indígenas", añadió.

En este sentido, afirmó que "coincido con lo que he escuchado de los representantes indígenas y de algunos representantes gubernamentales, que es necesario regular un procedimiento de consulta con los pueblos indígenas en relación a las industrias extractivas y otros asuntos que les afectan".

"A la vez, he tenido conocimiento sobre iniciativas de desarrollo propuestas por los mismos pueblos indígenas que promueven el propio manejo de sus recursos naturales y la autosuficiencia de sus comunidades. Considero que el Estado debe promover esta iniciativas", dijo Anaya.

El relator sostuvo que "es esencial que los pueblos indígenas tengan acceso a una educación adecuada, que llegue a sus comunidades y se adapte a sus realidades. Considero que existe la necesidad de ampliar los programas existentes de educación intercultural bilingüe".

"Reconozco que algunas de estas preocupaciones están siendo atendidas. He tenido conocimiento de algunas importantes iniciativas del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) para el relevamiento territorial y algunos programas de desarrollo social en las provincias", agregó Anaya.

El especialista también destacó "el programa, dentro de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, para mejorar la capacidad de comunicación de las comunidades indígenas en áreas remotas a través del establecimiento de emisoras comunitarias de radio".

"Estos avances necesitan ser fortalecidos, y para ello es necesario que el Gobierno de mayor prioridad al tema indígena, que desarrolle más programas y políticas públicas que sean implementados de acuerdo a los estándares internacionales relevantes", finalizó Anaya.

El informe final del relator estadounidense se hará público en un plazo no mayor a cuatro meses, según informó el propio Anaya, y se presentará oficialmente en la Asamblea General de las Naciones Unidas, en septiembre de 2012.

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QUE BASURA QUE SOS TELAM!,
Por JUAN - Saturday, Dec. 10, 2011 at 9:18 PM

SOS LA MIERDA OFICIALISTA MAS DESCARADA!,TU VISION DE LA REALIDAD NOTIENE NADA QUE ENVIDIARLE A CLARIN!, LA REALIDAD DE LÑOSPUEBLOSORIGINARIOS SIGUE SIENDO IGUAL O MAS LAMENTABLE QUE SIEMPRE, PREGUNTALE A FELIX DIAZ, QUE HACE UNOS DIAS LE TIROTEARON LA CASA DONDE ESTABAN SUS FAMILIARES SI ESTA MEJOR O PEOR, LO QUE DIGA LA ONU IGUAL NO ES MAS QUE UNA HIPOCRESIA!

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