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Sobre el acuartelamiento policial en distintas provincias del país
Por Marea Popular / FPDS-CN - Wednesday, Dec. 11, 2013 at 3:03 PM

Diciembre 11, 2013 | Al momento son más de diez personas las que murieron en distintas provincias del país producto de la violencia desatada tras el acuartelamiento policial. Con total irresponsabilidad política y social, en el mejor de los casos, o con una actitud francamente criminal en el peor de ellos -que lamentablemente no es posible descartar- las medidas de fuerza tomadas por este sector del aparato de seguridad del Estado representan un desafío inadmisible. Son una verdadera extorsión no sólo al sistema político sino a la conciencia democrática de nuestro pueblo: por esa razón las repudiamos con toda nuestra fuerza.

Más allá del retraso salarial real, no muy distinto del que sufren muchos sectores de la clase trabajadora, es necesario considerar qué son concretamente en nuestro país las fuerzas de seguridad. En ese sentido insistimos en afirmar de manera categórica que no existe delito organizado independiente. Es decir que la policía y otras fuerzas de seguridad, lejos de ser parte de la solución del narcotráfico, de la trata, de la industria del secuestro, de la piratería del asfalto o del comercio ilegal de autopartes, son una parte fundamental del problema.

Pero además esta policía es la continuadora en democracia de las peores prácticas represivas aprendidas durante las dictaduras del siglo XX: las torturas y los golpes en comisarías, la represión a las luchas de la clase trabajadora, el gatillo fácil, la extorsión a pequeños comerciantes y vecinos o la propia desaparición de personas que, como el joven Luciano Arruga en La Matanza (Prov. de Bs. As.), se negaron a delinquir para ellos.

Es una coincidencia significativa que ayer, 10 de diciembre, se hayan treinta años del regreso de la democracia, un periodo inédito en la accidentada historia política argentina, surcada por el autoritarismo de las clases dominantes. La angustia y el miedo que generaron los acuartelamientos policiales en sectores importantes de nuestro pueblo, en especial en las barriadas más empobrecidas y vulnerables, empañan cualquier clima de celebración. La reforma de la policía en el marco de un cambio radical en las políticas de seguridad, es una de las mayores deudas de la democracia, algo de lo que todos los gobiernos nacionales sucedidos desde 1983 son responsables, incluyendo desde luego la década kirchnerista.

En el caso de los gobernadores, principalmente se puede evidenciar que más allá de los distintos signos políticos, todos coinciden en entregar a las fuerzas de seguridad su propia dirección.

Finalmente, es importante ubicar de manera correcta el trasfondo social de los saqueos que, en medio de esta situación, vuelven a producirse en distintos puntos del país. Si bien puede especularse de manera verosímil con un componente organizado por las propias fuerzas policiales, el fenómeno superó cualquier maniobra. Ello obliga a reconocer con franqueza la trama social realmente existente, condicionada en última instancia por el dominio del capitalismo globalizado en un país dependiente como el nuestro. Y particularmente en la coyuntura de este fin de año, advertir el empeoramiento de las condiciones de vida de nuestro pueblo.

A 30 años del retorno de la democracia, existe una fuerte fragmentación social, económica y cultural, que sanciona el reinado de la desigualdad social entre quienes forman parte del mercado formal de trabajo, acceden a los servicios públicos y pueden acceder a una vivienda digna y por otro lado quienes sufren la precarización laboral, el deterioro de la salud y la educación pública y la ausencia de los más elementales derechos sociales, sólo parcialmente paliados por los planes sociales del Estado. En esta Argentina de principios del siglo XXI, la pobreza es un mal estructural que puede variar levemente en sus índices pero vino para quedarse, incluso tras diez años de crecimiento económico, salvo que se ponga en marcha una transformación estructural del país.

Esta pobreza y desigualdad estructural es el caldo de cultivo de situaciones explosivas en una sociedad bombardeada por la promoción de un consumo que se presenta al alcance de todos de manera falaz y perversa. Es decir que los saqueos no son una rémora de otros tiempos sino que encuentran sus causas en las propias contradicciones del actual esquema económico.

No hay soluciones mágicas a ninguno de estos problemas. Para las organizaciones que estamos comprometidas con la organización y las luchas del conjunto de nuestro pueblo es más necesario que nunca defender las conquistas y libertades democráticas obtenidas para avanzar en la construcción de un proyecto alternativo de país.

MAREA Popular y Frente Popular Darío Santillán –Corriente Nacional

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