Julio López
está desaparecido
hace 5156 días
versión para imprimir - envía este articulo por e-mail

Juego brusco para sostener la trama Nisman
Por Sebastián Lacunza, Letra P - Monday, Apr. 30, 2018 at 12:07 PM

29 de abril de 2018 | Casación se apresta a desplazar a la jueza Sabrina Namer, integrante del tribunal a cargo del juicio por la denuncia del fallecido fiscal contra CFK y otros por encubrimiento del atentado a la AMIA.

Juego brusco para so...
1525010245419.jpg, image/jpeg, 648x388

No hay lugar para la elegancia, impera el rigor. La intervención de la jueza Sabrina Namer, integrante del Tribunal Oral Federal 8 (TOF8), en la causa originada en la denuncia de Alberto Nisman por encubrimiento de los responsables del atentado a la AMIA pende de un hilo.

El dato es clave porque el juicio oral podría ser una instancia esclarecedora en el expediente que sacudió la vida pública en los últimos tres años. Entre los imputados se encuentran Cristina Fernández de Kirchner, Héctor Timerman, Carlos Zannini y Luis D’Elía. Los tres últimos pasaron el verano en prisión por orden del juez federal Claudio Bonadio, mientras que a la senadora por la provincia de Buenos Aires la ampararon sus fueros. Llegada la instancia oral, con audiencias públicas, exposición de pruebas y alegatos televisados, la instrucción del juez podría entrar en zona de riesgo y, con ella, la propia trama que motorizó a Nisman.

La decisión sobre Namer será tomada entre la semana que comienza y la siguiente por parte de la sala de Casación integrada por Mariano Borinsky, Gustavo Hornos y Juan Gemignani. Con dicha conformación, por lo que dejan conocer fuentes cercanas y a la luz de los pasos dados, parece un asunto resuelto. Por lo pronto, al hacer lugar a la recusación formulada por dos familiares de víctimas –que actúan a contramano de Memoria Activa, 18J y Apemia- y la DAIA, el tribunal ordenó el martes a Namer no intervenir en la preparación del juicio, algo que la propia jueza había asumido hasta que se resolviera el incidente.

LA RED QUE TEJE.

Namer fue apuntada por la red que teje en Comodoro Py porque integró la Unidad Fiscal AMIA tras la muerte de Nisman. En particular, la trama Py-Gobierno encendió alertas cuando el TOF8 dispuso hace un mes la liberación de los imputados Zannini, D’Elía y Yusuf Khalil.

Cuando el arma que Nisman había solicitado a su asistente acabó con su vida, la tarea de investigar del atentado de 1994 fue asumida por un cuerpo de tres fiscales. Una de ellas, Namer, quien luego ganó por concurso una plaza en el nuevo TOF8. No bien se produjo el reemplazo, hubo avances, como la identificación de la víctima 85 del atentado, Augusto Daniel Jesús, quien había quedado en la nebulosa de la gestión Nisman.

Una fuente cercana a Casación, aunque advirtió que la decisión no está tomada, fue categórica al citar el artículo 55 del Código Procesal Penal, que reclama la inhibición del juez “si hubiera intervenido en el mismo proceso como funcionario del Ministerio Público, defensor, denunciante, querellante o actor civil, o hubiera actuado como perito o conocido el hecho como testigo, o si en otras actuaciones judiciales o administrativas hubiera actuado profesionalmente en favor o en contra de alguna de las partes involucradas”.

La jueza cuestionada argumentó que no intervino en el expediente originado en la denuncia de Nisman, que puntualmente indica que Cristina Kirchner intentó crear a partir de 2010 una “comisión de la verdad” mediante un memorándum para otorgar impunidad a los iraníes. Namer indicó que su función fue recabar pruebas para el expediente principal del atentado, que tramita en el juzgado de Rodolfo Canicoba Corral, y tangencialmente para el caso del desvío de la investigación por el supuesto fraude investigativo del juez Juan José Galeano, que se encuentra en etapa de alegatos tiene en el banquillo a Carlos Menem, Rubén Beraja, Eamon Mullen y José Barbaccia.

- “Vemos decenas de recusaciones por motivos similares todos los años”, dijo la voz cercana a Casación.

- “El Código habla del mismo proceso, no de cualquier proceso. En las otras causas AMIA, la acusación y los imputados son otros”, responde un abogado defensor de un imputado.

- “La propia Namer dice que estuvo en contacto con partes del expediente y pruebas de la denuncia de Nisman”, replica la fuente de Casación.

- “Las pruebas de Nisman fueron las que presentó, o sea, nada. ‘Estar en contacto’ es un concepto vago, todos los jueces ‘están en contacto’. Borinsky seguramente conoce a los jefes de la DAIA y ello no lo inhibe para actuar”, resume el contradictor.

El caso, como no podía ser de otra manera, encierra paradojas, y encuentra a actores en posiciones encontradas con sus propias decisiones.

Los propios Borinsky y Hornos variaron su postura en 2016 de no intervenir en expedientes vinculados a AMIA, cuando validaron la causa de Bonadio. En mayo 2012, Hornos se había apartado de la causa por desvío de la investigación al entender que ya había tenido intervención como fiscal, mientras que Borinsky se había excusado por razones de “decoro”, en virtud de la amistad de su pareja con la esposa de Mullen. Ambas excusaciones sirvieron también para delegar funciones en el expediente sobre la constitucionalidad del memorándum con Irán.

A DEDO.

Los volantazos para ir tomando y descartando jueces paso a paso acompañaron la denuncia de Nisman de principio a fin.

La pegatina original de enero de 2015 fue desestimada por el juez federal Daniel Rafecas dentro de los plazos procesales. Ese verano, ningún juez de Comodoro Py quería tomar un expediente al que todos veían como una operación marca Stiuso. A diferencia de otras oportunidades, las huellas de la SIDE, dado el regreso abrupto del fiscal desde Europa y la precariedad del texto, habían quedado demasiado expuestas.

En un trimestre, la Cámara Federal, un fiscal de Casación y una jueza de esa instancia ratificaron y ampliaron los argumentos para archivar la demanda por ausencia de indicios. En condiciones normales, caso cerrado.

Cambio de gobierno mediante, la trama Py habilitó un expediente paralelo. Remoción de jueces, audios ilegales, interpretaciones burdas de frases sacadas de contexto y operaciones periodísticas encontraron un ejecutor: Claudio Bonadio. En un dato revelador de que el titular del juzgado federal 11 no es un líbero, fueron la Cámara Federal que regula Martín Irurzun y la Casación, con Hornos y Borinsky, las que removieron jueces y dieron entidad al expediente paralelo que terminó siendo el único.

Terminada la instrucción de Bonadio, se activó el plan de conformar un tribunal oral federal a medida (TOF9), con jueces de otro fuero, sin pasar por concurso ni ratificación del Senado, pese a que había otros tribunales designados recientemente de acuerdo a la ley (TOF8, por caso). En un paso inesperado que todavía le cuesta caro a Ricardo Lorenzetti, la Corte Suprema desbarató la maniobra.

Eliminado el ficticio TOF9, la causa recayó por sorteo en el juzgado que integran Namer, María Gabriela López Iñíguez y Nicolás Toselli. Las dos primeras habían hecho público su reclamo para que les dieran el cargo para el que habían concursado, en una batalla que incluyó la acusación de discriminación de género. Con los pliegos en condiciones, ni siquiera mandaban a Namer y López Iñíguez como suplentes en otro TOF mientras entre el Consejo de la Magistratura y los prestidigitadores de Py cocinaban designaciones a dedo.

Toselli salió rápidamente de escena porque adujo ser yerno de un testigo que declaró en la causa, el exembajador en Siria Roberto Ahuad. Un juez de otro TOF, José Michilini, asumió su reemplazo. Si Namer es desactivada, el sorteo puede poner en su silla a otro que agrade a la trama Py-Gobierno. En caso contrario, habrá que sustituirlo.

UNA SEMANA EN COMODORO PY

El proceso de desplazamiento de la jueza del Tribunal Federal 8 Sabrina Namer es apenas un episodio de una semana fulminante en Comodoro Py:

Dos camaristas federales que emitieron un fallo que causó “indignación” y “enloqueció” al Presidente por ordenar la liberación de Cristóbal López y Fabián de Souza fueron sacados del fuero por la ventana. Apenas les dieron tiempo para limpiar su escritorio. Para calmar la indignación presidencial, Eduardo Farah, juez confiable para el Gobierno tan sólo hasta marzo pasado, pidió su pase al fuero Penal Económico y el Consejo de la Magistratura, que todo lo puede, dio curso. A Jorge Ballestero, tras casi tres décadas de idas y vueltas en el fuero, le llegó la jubilación, pero antes, por si se demora el trámite, pidió una oportuna licencia médica.

--

El magistrado estelar del fuero federal no anduvo con vueltas y aceleró la operación “mani sporche”, versión Comodoro Py del “mani pulite”: libró “orden de captura nacional e internacional” contra el arrepentido brasileño el esquema Lava Jato que confesó supuestas coimas por 850 mil dólares al jefe de Inteligencia Gustavo Arribas. Claudio Bonadio realizó una profunda investigación relámpago y descubrió que la denuncia de Leonardo Meirelles y las sospechas vigentes de la Justicia brasileña son falsas. Aprovechó Su Señoría para cobrarse cuentas pendientes con dos fiscales y los denunció por… ¡investigar a Arribas! “Terrible, arbitrario y peligroso”, alerta un fiscal federal ante Letra P. Nada nuevo bajo el sol.

--

Un magistrado de Casación que “corrigió” de un sablazo la liberación de Cristóbal López y Fabián de Souza dejó una lección ejemplar: un imputado se transforma en “irrespetuoso” si denuncia al juez que lo mantuvo preso y tamaño desacato es motivo adicional para mandar al acusado nuevamente a prisión. ¿Qué haría Eduardo Riggi, magistrado en cuestión, si volviera a escuchar que León Arslanián calificó en 1992 como “esperpentos” a los postulados como él para integrar la Cámara de Casación? Al fin y al cabo, Riggi fue acusado de cosas peores, como recibir coimas del sindicalista José Pedraza, pero el fuero federal que integra lo encontró inocente.

--

Falta de mérito exprés para el perito ingeniero del copy-paste, cuyo informe trucho sirvió a Bonadio para enviar a prisión a Julio de Vido y Roberto Baratta. David Cohen copió de internet parámetros inaplicables para comparar el precio de importación de gas natural licuado. “Exceso de cita”, adujo cuando lo descubrieron. Imputado en noviembre por falso testimonio, el juez Sebastián Ramos le dictó falta de mérito. En este contexto, casi pasa inadvertido.

agrega un comentario