A cuatro meses del motín
más sangriento en la historia de las cárceles de Córdoba, el gobierno provincial
continúa desconociendo la ley que regula el funcionamiento del sistema
penitenciario, mantiene prácticas que vulneran los derechos de los presos y
sigue adelante con su política de reprimir y castigar más allá de lo que exige
la condena que la justicia dictó para quien delinquió. (ver artículo completo)