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ECONOMÍA ILEGAL Y NARCOTRÁFICO EN AMÉRICA LATINA
Por VIRGINIA MONTAÑÉS - Thursday, Apr. 10, 2003 at 7:38 PM

extraído de Papeles de Cuestiones Internacionales, nº 69, 1999.

Las empresas ilegales, su interconexión y los medios con los que penetran en la economía y la sociedad en general constituyen un fenómeno cuyas consecuencias pueden llegar a condicionar el acontecer diario de zonas, regiones, e, incluso, de países enteros. En el presente artículo se tratará de analizar la economía ilegal en el contexto de la globalización, su organización, base social y vinculación con el Estado. Después nos centraremos en las organizaciones que se dedican al tráfico de drogas prohibidas en América Latina.


Sobre las organizaciones ilegales y el tráfico de drogas prohibidas
Hablar de narcotráfico en América Latina sin ubicarlo en el contexto actual de la globalización dejaría fuera del debate las conexiones internacionales de las organizaciones dedicadas al tráfico de drogas prohibidas, cuya organización en redes está forzando una (lenta) revisión y adaptación de las políticas de lucha contra las drogas a los nuevos cambios.
Uno de los fenómenos surgidos a raíz de los procesos de globalización y que afecta a la economía, la política y seguridad nacionales e internacionales y a la sociedad en general lo constituye el "delito global, la interconexión de poderosas organizaciones criminales y sus asociados en actividades conjuntas por todo el planeta". La red de vínculos forjada entre las bandas criminales organizadas o mafias en diferentes partes del mundo constituye un aspecto novedoso e importante en la economía política internacional. Según estimaciones de Naciones Unidas, los "sindicatos organizados del crimen" ingresan 1,5 billones de dólares por año, cifra con la que prácticamente se podría cancelar la deuda externa mundial.

Las empresas ilegales de todo el mundo se relacionan a través de redes en la que se vinculan todo tipo de negocios. Aunque la lista de actividades es muy amplia, el narcotráfico, seguido del tráfico de armas, representa el sector más importantes de este mercado. El núcleo del sistema lo constituye el blanqueo de dinero, punto en el que la economía ilegal se funde con la formal mediante su introducción en los mercados financieros a través de complejos planes financieros y redes comerciales internacionales. Pero la característica más destacada de este tipo de economía es el marco de ilegalidad en el que se mueve, lo que hace que una hipotética legalización de las drogas con las que comercian sus empresas suponga su principal amenaza.

Aunque en el ámbito de las políticas de lucha contra las drogas se utiliza el término de crimen organizado, adoptamos los de economía ilegal y empresas ilegales para referirnos a las organizaciones que se dedican al tráfico de drogas prohibidas, ya que enfatizan más el carácter comercial de sus actividades: "fabrican y rentan bienes y servicios ilegales para los mercados y los venden a otras empresas criminales o directamente al público". Es preciso incorporar el conglomerado económico, con sus manifestaciones de producción y comercio, a la investigación de "una empresa que no es más que otro circuito de producción de un mismo sistema, aunque sea actualmente subterránea".

Tanto las empresas transnacionales como las ilegales existen desde hace mucho tiempo, pero su número, la creciente expansión de sus operaciones transnacionales y el grado en que su autoridad rivaliza y pasa por encima de la de los gobiernos en la sociedad y la economía mundial constituyen una novedad en ambos casos. Ambos tipos de empresa han extendido sus actividades fuera del territorio nacional y, en el caso de las ilegales, han unido horizontalmente los mercados ilegales nacionales creando un solo mercado mundial.

La economía ilegal se caracteriza por la versatilidad y flexibilidad de su organización, rasgos que le permiten eludir las regulaciones nacionales y los rígidos procedimientos de la colaboración policial internacional, posibilitando cambios en su estructura al trasladar las bases de suministro, alterar las rutas de transporte y encontrar nuevos lugares de residencia para sus jefes si la presión se torna excesiva.

La interconexión es su forma de operación, tanto interna como en relación con otras organizaciones. Las alianzas estratégicas entre redes ilegales se crean mediante una estricta lógica empresarial, "se respetan mutuamente y encuentran puntos de convergencia a lo largo de las fronteras nacionales y los territorios de cada una".

La violencia forma parte de los instrumentos que tiene cada organización para hacer cumplir los tratos, variando de unas a otras. Entre 1990 y 1995 la violencia relacionada con organizaciones vinculadas al tráfico de drogas generó la muerte de 1.500 políticos y sindicalistas, más de 1.000 oficiales de policía, 70 periodistas, cuatro candidatos presidenciales, un fiscal general y un gobernador, además de muchas otras personas menos conocidas.

Sin embargo éste no es el único medio que tienen las organizaciones de controlar su entorno. Quizás tan importante como el recurso de la violencia sean las redes sociales en las que se encuentran incorporados los miembros de las empresas ilegales. Estas redes protegen de la represión externa al filtrar la información que circula en ellas y generan confianza, manteniendo bajo control la traición y la denuncia.

La base de la economía ilegal la constituyen organizaciones de arraigo nacional, regional y étnico, la mayoría con una larga historia, enlazada con la cultura de regiones y países específicos, su ideología, sus códigos de honor y sus mecanismos de vinculación. La identidad cultural nutre la mayoría de estas redes y aporta los códigos y vínculos que sustentan la confianza y la comunicación dentro de cada una de ellas. Esta capacidad de combinar la identidad cultural con la empresa global sitúa a las organizaciones ilegales por delante de las compañías multinacionales.

Una de las formas de penetración de estas organizaciones en las sociedades la constituye precisamente su carácter de modelo cultural. De esta manera se convierten no sólo en expresión de una identidad cultural propia, sino también en referencia para muchos jóvenes cuyas expectativas laborales, económicas o de vivencias son escasas.

El informe del Instituto de Investigaciones de Naciones Unidas para el Desarrollo Social (UNRISD) sobre los efectos sociales de la globalización indica que en la medida en que la gente pierde contacto con las redes sociales de apoyo tradicionales y se enfrentan a la enajenación y al aislamiento, aumenta la probabilidad de que se dediquen al crimen: "los hombres jóvenes, solteros y desempleados pueden ver el crimen como una forma de reemplazar la falta de poder con el prestigio, la pobreza con la riqueza y la falta de metas con el propósito de obtener algo en la vida".



Relación con el Estado
En determinados países, resulta imprescindible tener en cuenta la dinámica de las redes ilegales que operan en su territorio para comprender su evolución económica y política. Entre ellos se encuentran Italia, Rusia, las repúblicas de la antigua Unión Soviética, Argentina, Colombia, México, Bolivia, Perú, Venezuela, Turquía, Afganistán, Birmania, Tailandia, Japón, Taiwan, Hong Kong, y una multitud de pequeños países.
Al igual que está vinculada a diferentes capas de la sociedad, la economía ilegal impregna los mecanismos estatales llegando algunas organizaciones a asumir, en ocasiones, competencias propias del Estado en aquellas zonas donde éste es débil o inexistente. Ejemplos de ello son el programa de viviendas y servicios sociales para pobres que financió Pablo Escobar en Medellín (Colombia), o en el desarrollo de las favelas en Sao Paulo y Río de Janeiro (Brasil), donde los servicios sociales dependen en cierto sentido de la economía de las drogas.

Otra forma en la que la economía ilegal llega a las instituciones estatales es a través del soborno o la intimidación de políticos, policías, funcionarios o jueces, con lo que se crea un aparato o cordón de seguridad en torno al negocio. A ello contribuye la corrupción de la política democrática (término recogido de Castells), o, como lo denomina Rosa del Olmo, la "criminalidad estatal organizada".

José María Tortosa define la corrupción como la enfermedad del capitalismo. El autor distingue entre la corrupción de la economía de mercado, espacio en el que se mueven las pequeñas y medianas empresas y donde se sitúa la clase media, y la de la economía capitalista, en la que actúa la elite del poder, la cual es una constante en el sistema. En la actualidad, organizaciones internacionales y países del Norte han reconocido que el fenómeno denominado por el Banco Mundial mal gobierno (corrupción – crimen de alto nivel) desempeña un rol central en el aumento del tráfico de drogas.

La interrelación entre Estado y mafias ha sido descrita por Susan Strange, quien señala que durante décadas, el Estado italiano delegó a las mafias las funciones de intermediación social, arbitrio, protección de propiedad y personas y mantenimiento del orden. Las mafias italianas operaron como una especie de sistema de gobierno en la sombra, manteniendo el orden y repartiendo votos. El enfrentamiento surgió cuando, a partir de los inmensos beneficios procedentes del tráfico transnacional blanqueados en negocios legítimos, estas organizaciones adquirieron más poder del oportuno, lo que amenazaba la estable coexistencia entre el Estado y las autoridades no estatales.

Existe en las organizaciones ilegales cierta imitación de la autoridad estatal, que en ocasiones adopta características de un gobierno estatal formal:


Autoridad ejercida a través de estructuras de poder, que premian la obediencia y castigan la desobediencia.

El poder puede ser alcanzado por la fuerza o mediante una persuasión pacífica, a través de una especie de proceso electoral.

Tanto el Estado como las organizaciones ilegales poseen y manejan empresas, y ambos anteponen a la maximización de los beneficios la supervivencia de la organización.

Ambos son parásitos económicos, obtienen ingresos de la sociedad civil a cambio de protección.

Sufren la presión de la globalización.

Narcotráfico en América Latina
La industria del narcotráfico ha aumentado considerablemente en América Latina a partir de los años setenta, llegando a transformar la economía y la política del continente. Las empresas ilegales latinoamericanas, centradas principalmente en el tráfico de drogas prohibidas (en la actualidad comercian con cocaína, marihuana, heroína e, incluso, drogas sintéticas), basaron su estrategia en una adaptación peculiar de las políticas de crecimiento orientado a la exportación inspiradas por el Fondo Monetario Internacional. De tal manera que entre los rasgos fundamentales de esta economía ilegal destacan su orientación a la demanda y la exportación, (su mercado más importante es EE UU), y su internacionalización, con una división del trabajo muy estricta entre diferentes localizaciones.
En cuanto a las personas implicadas en las organizaciones ilegales, también existe una división interna diferenciada del trabajo en la cadena de producción y distribución. La estructura orgánica de las redes ilegales está encabezada por los comerciantes mayoristas, los denominados capos de los carteles o mafias. Su papel no sólo consiste en la exportación de la mercancía, sino también en la coordinación y regulación de la organización, así como en el diseño y control de las rutas o autopistas ilegales a través de las cuales circula el material, que puede ser dinero o drogas. Entre sus tareas de coordinación, destaca la regulación de las relaciones exteriores, es decir, la creación del aparato o cordón de seguridad, que está formado por personas ajenas a la organización, pero a las que se paga por colaborar con ella (policías, jueces, políticos, abogados, empleados de aduanas, sicarios, etc.).

Un círculo de personas de confianza desempeña las funciones directivas y organizativas. Generalmente ellos y sus auxiliares forman el personal fijo de la empresa, mientras que el resto de trabajadores son colaboradores esporádicos a los que se paga por tarea realizada. El sistema de blanqueo de dinero, aunque controlado por las organizaciones colombianas y mexicanas, es llevado a cabo por agentes especializados que trabajan principalmente con los bancos e instituciones financieras de Colombia, Venezuela, Panamá y Florida.

En los años noventa se han producido transformaciones importantes en la división internacional del trabajo de la industria de las drogas:


Aparición de México como centro de exportación semiautónomo.

Revitalización de la capacidad productiva de Bolivia y Perú en procesar y exportar cocaína con rutas propias.

Reordenamiento de los carteles colombianos. Tras la desarticulación de los carteles de Cali y Medellín, han surgido aproximadamente 12 núcleos fuertes que integran entre 80 y 250 grupos pequeños.

Amplio uso de la nueva tecnología de la comunicación, sobre todo teléfonos móviles y ordenadores portátiles, para comunicarse y seguir el curso de las transacciones.

Las rutas del tráfico de drogas prohibidas en América Latina han ido cambiando con el paso del tiempo. Bolivia exporta su producción, de la cual hay una parte cada vez más importante de clorhidrato de cocaína (tradicionalmente exportaba la hoja de coca, o la pasta base), a través de Brasil, Argentina, Paraguay, Uruguay y Chile. Perú produce y exporta clorhidrato de cocaína a México, y envía cocaína peruana y marihuana colombiana hacia Europa y Estados Unidos, por vía marítima o aérea. Ecuador por su parte, también experimenta un tráfico intenso en su territorio: pasta base en dirección Norte-Sur y clorhidrato en dirección Sur-Norte, éste desde sus puertos, principalmente. A mediados de los años noventa, las rutas de América Central y del Norte experimentaron un auge en detrimento de las del Caribe, pero desde finales de 1997, las rutas caribeñas han conocido un nuevo crecimiento de actividad.
En cuanto a la vinculación del tráfico de drogas con el desarrollo, existen diferentes interpretaciones, desde las que consideran que no es desarrollista, hasta las que vinculan el crecimiento económico con las remesas de divisas y la inversión generada por el tráfico de drogas. En una posición intermedia se encuentran las que evalúan el impacto económico de la coca/cocaína según el tipo de desarrollo que se examine, de qué segmento de la industria y dónde ocurra.



Recapitulando...
Uno de los primeros problemas que surgen al abordar este tema es el conceptual. Cada autor utiliza un término diferente para referirse a las organizaciones ilegales. Centrándonos en las organizaciones que trafican con drogas prohibidas, el uso de conceptos como economía criminal u organizaciones delictivas dejarían fuera del análisis todo el debate existente en torno a la prohibición/legalización de las drogas, clave para entender el fenómeno, ya que de ahí parte el origen de este tipo de organizaciones y de las políticas puestas en marcha alrededor del mismo. Sin embargo, al utilizar economía ilegal se podría caer en la tentación de limitar el objeto de estudio a las implicaciones económicas del narcotráfico, cuando lo que nos interesa realmente son sus implicaciones políticas y sociales (generadas a partir de un contexto económico determinado, no hay que olvidarlo).
Dejando aparte los términos, hay dos aspectos que consideramos cruciales: el blanqueo de dinero, mecanismo a través del cual la economía ilegal se introduce en la formal y punto más débil de las políticas de lucha contra las drogas y el debate sobre la prohibición/legalización de las drogas. Existe una clara contradicción en la forma en la que abordan los Estados ambas cuestiones. Por una parte se admite tácitamente la entrada de dinero sucio en la economía formal a través de los sistemas bancarios, y por otra se prohibe la posesión y venta de drogas estupefacientes y alucinógenas.

Siguiendo con el Estado, otro aspecto interesante es el de su relación con la economía ilegal. A partir de determinadas lecturas nos surge la imagen de un Estado atrapado por los oscuros tentáculos de las organizaciones ilegales, pero estos tentáculos penetran en la estructura estatal gracias a unos resquicios existentes en el sistema que es preciso no obviar: la corrupción de la política democrática de Castells, la criminalidad estatal organizada de Rosa del Olmo o la enfermedad del capitalismo de Tortosa.

El UNRISD señala que la calificación de un acto como delito es un proceso social en el que se expresan las creencias de una sociedad. Si eso es cierto nos preguntamos qué está ocurriendo en sociedades como la española, en la que traficar con una papelina de cocaína o heroína o con una pastilla de éxtasis pueden ser castigados con una condena de hasta nueve años de cárcel, mientras que introducir toneladas de hachís en un barco, en el peor de los casos, estaría condenado a seis años y nueve meses de prisión.



TEXTOS CITADOS
AGUIRRE, Mariano, Los días del futuro, Icaria, Barcelona, 1995.

CASTELLS, Manuel (1997); La era de la información. Vol. 1: La sociedad red, Madrid: Alianza Editorial.

(1998) La era de la información. Vol. 3: Fin de Milenio, Madrid: Alianza Editorial.

CATANZARO, Raimondo; El delito como empresa. Historia social de la mafia, Taurus, Madrid, 1992.

DOMBOIS, Rainer; "Dilemas organizacionales de las economías ilegales", en Análisis Político, nº 33, enero/abril, 1998.

EL PAÍS, (12/7/99); "Menos de 7 años por un barco de hachís y 9 por una ‘papelina’".

EL PAÍS, (17/8/99); "Un ‘arrepentido’ de 17 años dice que la Mafia enseña a niños a matar".

OBSERVATOIRE GÉOPOLITIQUE DES DROGUES, The World Geopolitics of Drugs 1997/1998. Annual Report, OGD, París, 1998, en internet (http://www.ogd.org).

OLMO, Rosa del; "Para definir el tráfico y consumo de drogas. Reflexiones iniciales", en Delito y Sociedad. Revista de Ciencias Sociales, nº 4/5, Buenos Aires, 2do. semestre de 1993 y 1º de 1994.

PNUD; Human Development Report, 1999, en internet (http://www.undp.org/hdro/)

RONCKEN, Theo (coord.); The Drug War in the Skies, TNI/Acción Andina, Cochabamba, 1999.

STRANGE, Susan; The Retreat of the State. The diffusion of Power in the World Economy, Cambridge: Cambridge University Press, Cambridge, 1997.

TORTOSA, José M.; Corrupción, Icaria, Más Madera, Barcelona, 1995.

UNRISD; Estados de desorden: los efectos sociales de la globalización. Un informe del UNRISD para la Cumbre Mundial sobre Desarrollo Social, UNRISD, Londres, 1995.



(*)Virginia Montañés es periodista y colaboradora del CIP.
La autora agradece a Martin Jelsma (Transnational Institute, Amsterdam)
y a Sandra Gil Araujo y Lorena Bilbao (CIP) sus comentarios y sugerencias.

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