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Ong’s regionales critican sentencia a Lonkos
Por Kolectivo Lientur - Saturday, Oct. 25, 2003 at 2:23 PM

Frente a la situación de los Lonkos Pascual Pichún y Aniceto Norín, la Red Agenda Regional de La Araucanía, conformada por ONGs y Centros de Estudios de la Región, declara lo siguiente:

Es de público conocimiento que el proceso penal efectuado sobre el caso de don Aniceto Norín y de don Pascual Pichún han significado una doble persecución penal. La resolución de la Corte Suprema de fecha 2 de julio de 2003, que acogió el recurso de nulidad interpuesto por el Ministerio Público y querellantes, decretando la anulación del juicio en que fueron absueltos los 'Lonkos' ordenando la realización de un nuevo juicio, viola derechamente las garantías fundamentales de un debido proceso, como la presunción de inocencia.

Particularmente, los Instrumentos Internacionales de Derechos Humanos ratificados por Chile imponen la prohibición de una doble persecución penal, en cuanto que nadie puede ser sometido a un doble juicio, cuando en el primero ha resultado absuelto por sentencia firme. La exigencia de mayor fundamento a la decisión de absolución vulnera numerosas disposiciones contenidas en tratados internacionales suscritos por Chile, en la propia Constitución Política de la República y leyes procesales penales.

Ambos Lonko, fueron condenados el pasado 27 de septiembre por el Tribunal del Juicio Oral en lo Penal de Angol, a cinco años y un día de presidio por el delito de amenazas terroristas hacia los dueños y/o administradores de los Fundos Nancahue y San Gregorio de la comuna de Traiguén. La Defensoría Penal Pública, interpuso un recurso de nulidad, pues estima que no existieron antecedentes suficientes para tener por acreditados los delitos de amenazas por los cuales se condenó a Pascual Pichún y Aniceto Norín.

En este sentido, aún en el caso de aceptar que se acreditaron tales hechos, no compartimos la calificación jurídica hecha por el Tribunal que los estimó como 'amenazas terrorista', dada la impertinencia de los antecedentes considerados y la falta de tipicidad [los hechos, aunque se estimen probados, no son constitutivos de esos delitos], sumado el bajo estándar probatorio requerido por el Tribunal.

Las instituciones miembros de la Red Agenda Regional de La Araucanía creemos que la sentencia es injusta y discriminatoria, puesto que al desconocer el fallo de inocencia vulnera las garantías esenciales en el juzgamiento de la conducta que se le reprocha a cualquier ciudadano; y el segundo juicio impone una pena de 5 años y un día, de cumplimiento efectivo, más un conjunto de otras penas accesorias, contra los inculpados, cuando de haberse cometido efectivamente tales delitos, no merecerían una pena superior a 61 días, regularmente excarcelables. Ambas situaciones revisten una grave discriminación toda vez que el carácter terrorista de las amenazas ha sido sostenida explícitamente a partir de la condición de mapuche de los inculpados y su rol de autoridades tradicionales.

Queremos justicia para todos y sin discriminación de ningún tipo, por tanto repudiamos con fuerza los hechos de violencia que afectaron a los Fundos Nancahue y San Gregorio y alentamos todos los esfuerzos de la Fiscalía Regional por encontrar a los responsables. Sin embargo no podemos dejar de decir que la sentencia contra Pichún y Norín no hace justicia, mas bien la violenta, al colaborar en la criminalización de dirigentes mapuche que han presentado sus demandas en forma pública y de acuerdo a los procedimientos legales.

Consideramos que esta situación refleja una vez más el uso desproporcionado del poder en contra de personas mapuche, esta vez por parte de los Tribunales de justicia, situación que evidencia la discriminación existente hacia los mapuche por parte de quienes tienen como misión resguardar el orden público y el bien común.

Constatamos con preocupación que muchas de las situaciones de violencia y abuso de poder que afectan a personas mapuche, no han llegado a sancionar a los responsables, quedando en la absoluta impunidad, actitud que indirectamente valida y promueve la existencia de estos hechos.

Solicitamos a la justicia chilena el esclarecimiento pleno de la verdad en este hecho y la sanción a los responsables. Igualmente solicitamos esfuerzos de las empresas forestales para hacer posible un diálogo constructivo con los habitantes originarios del territorio que hoy ocupan, y posibilitar así relaciones de equidad entre todos los que vivimos en este país.

Angélica Hernández, RED DE ONGS AGRA

Marcelo Segura, ONG Gedes

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