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Un organismo nacional niega reclamo en Tigre y beneficia a ex asesor del Gabinete de CFK
Por Indymedia Pueblos Originarios - Tuesday, Sep. 14, 2010 at 2:47 AM
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LA BATALLA POR EL CAMINO DE LAS VÍAS MUERTAS
Un organismo nacional niega reclamo en Tigre y beneficia a ex asesor del Gabinete de CFK

José Nicanor Villafañe, presidente de la Administración de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF) bajo la órbita del Ministerio de Planificación Federal, anunció que acelerarán la escritura de 3 kilómetros de un antiguo terraplén en favor de dos countries desarrollados por la empresa EIDICO -de un ex asesor de Sergio Massa en el Gobierno Nacional- en desmedro de los derechos de toda la población. El lugar es conocido como el "camino de las vías muertas", por allí pasaba el ramal GM56 del ex Ferrocarril Mitre hasta 1967 y en su interior se han detectado por lo menos un sitio arqueológico y restos de cráneos humanos que serían rastros de un milenario enterratorio. El organismo alegó desconocer la existencia de este patrimonio pero consultó a los organismos equivocados. Rápida respuesta de vecinos afectados, organizaciones indígenas y del senador bonaerense autor del proyecto aprobado por unanimidad en el 2009 donde se pide que las tierras sean declaradas reserva sagrada de los pueblos originarios. Dudas e irregularidades abundan en las transferencias.

Contracara: Daniel Fernández, presidente del INAI: "Hay que visibilizar la presencia querandí en Buenos Aires" - Información relacionada: Se oponen a una excavación arqueológica que favorezca a ex asesor de Nación - La defensa de Punta Querandí suma respaldo en el Congreso Nacional
GOOGLE TE DELATA. La visión actual de las tierras, con una foto de la situación anterior a la destrucción. A la derecha del ex terraplén, el country Santa Catalina; a la izquierda el barrio privado San Benito en construcción.

Los reclamos en el paraje rural de Punta Canal han tomado relevancia en los últimos dos años por demandas que incluyen la destrucción de cementerios indígenas, caminos públicos apropiados y mayores inundaciones para la población preexistente. Todos los probleman derivan de un mismo negocio: los barrios privados naúticos a gran escala que ocupan extensiones de cientos de hectáreas de antiguos humedales y terrenos fiscales. Una suerte de nuevo "desierto" a conquistar, tal como en la Campaña del General Roca, con una población invisibilizada que sufre todo tipo de atropellos por parte de las corporaciones inmobiliarias. En este caso hablamos de la firma EIDICO, de Juan Angel Seitún, Patricio Lanusse, Mateo Salinas y Jorge O'Reilly, empresarios vinculados a la institución católica conservadora Opus Dei. O'Reilly fue asesor de la Jefatura de Gabinete cuando estuvo a cargo del actual intendente de Tigre, Sergio Massa, entre julio de 2008 y julio de 2009.

Punta Canal era la parada intermedia KM4 del ferrocarril que unía Ingeniero Maschwitz con Dique Luján, hasta 1967. No solo eso, era un recreo popular utilizado por pescadores y familias de toda la zona norte, un espacio que ha servido como escenario de grandes películas del cine argentino y que cobija misteriosos relatos de apariciones ya parte del rico folklore regional. A partir de los primeros años del siglo XXI, cuando tomó trascendencia pública que en el lugar se encontraban restos de cementerios indígenas de hace mil años, comenzó a congregar a parte del movimiento indígena del área metropolitana, con el rápido respaldo de organizaciones ambientalistas y el interés de toda la población.


ENTREGA POLÉMICA. El predio de Punta Canal junto al camino del terraplén desde el KM1+690 al KM4+378, única manera de acceder al lugar con vehículo desde Benavidez (Tigre) e Ingeniero Maschwitz (Escobar), fue transferido el 23 de abril de 2007 a dos sociedades anónimas vinculadas a EIDICO: Chilespa y Muquebari, que ya no eran propietarias de los inmuebles linderos, un requisito ineludible para lograr dichas operaciones. Dividido en dos boletos de compra venta, pagaron un total de 1,9 millones de pesos argentinos por 107.520 metros cuadrados (unas 10 hectáreas, casi 3 kilómetros de largo por 40 metros de ancho), a una tasación de 17 pesos el metro cuadrado.

¿Se pueden vender tierras fiscales que cumplen un uso comunitario para la población desde hace décadas? En ningún lugar de los dos expedientes administrativos, ENABIEF 4021/98 y 3707/98, consta la utilidad y significancia de los inmuebles para la población, por el contrario, se los menciona como abandonados. Entre otras cosas elementales, el camino era el único acceso vehícular al paraje entre el arroyo Garín y el Canal Villanueva, donde hoy viven una anciana y dos familias (en aquellos tiempos vivían muchas personas más). Por otro lado, era utilizado para proteger bienes y animales de las inundaciones. Además, en el KM4 se hallaba identificado un sitio arqueológico protegido por la ley nacional 25.743. Pero al no darse difusión a la intención de privatizarlos, los vecinos pudieron remitir quejas sólo a posterior de ambas transferencias.

En el 2008, un vecino que vive en arroyo Garín y calle Brasil, Carlos Arrambide y su abogado lograron acceder a los dos expedientes de ONABE (hoy ADIF) y poco tiempo después elevaron a este organismo un recurso de reconsideración de la venta, denunciando la nulidad del acto administrativo y solicitando su revocación y suspensión. Paralelamente, lograron en la Justicia dos medidas cautelares que prohibían a la empresa tocar las tierras. A partir del 2009, Arrambide sumó a las objeciones administrativas a estas ventas la presencia de un sitio arqueológico que era reivindicado por organizaciones indígenas como un lugar sagrado, lo que comenzaba a tomar trascendencia en esa fecha.

La pérdida del camino de las vías muertas es lamentado por todos los vecinos, así lo demuestra una presentación realizada el 2 de septiembre de 2010 ante ADIF por una veintena de pobladores de Punta Canal a través de abogados del prestigioso Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS). "Nos encontramos en un dilema que enfrenta dos conceptos de las tierras en cuestión; un espacio arraigado en la sociedad regional de usufructo público y con un fin social que proteja un patrimonio cultural milenario, o una pista de equitación de un colegio religioso para usufructo privativo de los dueños en un barrio privado que arrase con todo aquello que el Estado se encuentra obligado a proteger", dice el escrito.

AVISO. El sitio arqueológico Punta Canal identificado por los arqueólogos del Instituto Nacional de Antropología y Pensamiento Latinoamericano, antes de la excavación de fines de 2008. (Imagen del 2007)

IRREGULARIDADES SIN EXPLICACIÓN. Los puntos oscuros de ambas transferencias motivaron presentaciones de vecinos y diversos proyectos legislativos en el Concejo Deliberante de Tigre (II), la Cámara de Diputados Bonaerense y el Congreso de la Nación. Según la ley, los propietarios linderos a inmuebles ferroviarios tienen derecho a adquirirlos, pero deben cumplir con determinados requisitos. Sin embargo Chilespa y Muquebari al momento de firmar los boletos de compra venta en su carácter de propietarios linderos ya habían dejado de serlo. [Leer boleto de compra venta]

La cláusula décimo segunda de los dos boletos de compra venta daban 90 días hábiles para la escrituración, expirado ese plazo los predios debían volver al Estado. No sólo no sucedió eso, sino que Chilespa y Muquebari cedieron sus boletos de compra venta a los fidecoimisos que desarrollan los barrios San Benito y San Marco, violando la cláusula décimo cuarta: "La parte compradora no podrá transferir ni ceder, total o parcialmente los derechos derivados del presente boleto de compraventa sin previa y expresa conformidad por escrito del Organismo Nacional de Administración de Bienes del Estado (ONABE) en cuyo caso dicha cesión deberá ser instrumentada por escritura pública".

En el recurso de reconsideración elevado por Arrambide a través de su por entonces abogado Luciano Chedrese, centrado en el boleto de compra venta de Chilespa luego cedido a San Benito, se indica que "el objeto del acto que aprueba la venta no es ni lícito ni posible. La venta tal como fue aprobada y realizada según boleto de venta es nula en razón de estar prohibida por la ley". Además denuncia que "Chilespa ocultó dolosamente la referida compraventa y omitió denunciar dicha circunstancia ante el ONABE".

Hay más. En la cláusula novena se afirma que: "Si por disposiciones locales la mensura debiera efectuarse dejando espacios reservados para calle, plaza u otro destino, la parte compradora no podrá extenderse sobre terrenos ferroviarios linderos, no teniendo derecho a disminución alguna del precio por ningún concepto". Por ese motivo, los integrantes del Movimiento en Defensa de la Pacha -que protagonizan el reclamo- le piden al Gobierno de Tigre que intervenga ante ADIF, y existe un proyecto en el Concejo Deliberante que toma esta demanda. En tanto, la misma cláusula afirma: "Para el caso que por cuestiones ajenas a las partes la mensura se tornare imposible, y de ello deviniera la imposibilidad de transferir el inmueble, la parte compradora deberá reintegrar a la parte vendedora la posesión del inmueble".

¿PROGRESO? NO, GRACIAS. Arriba, el camino de las vías muertas en el 2008. Abajo, en el 2009, cuando lo convertían en canal. (Ignacio Smith)
LA NEGACION. El titular de ADIF ignoró parte de estos reclamos y desestimó otros en una reciente carta dirigida a Arrambide, con fecha 23 de agosto. Expresó que no tiene conocimiento de la existencia de un sitio sagrado o histórico en el lugar, asimismo, dijo que no le consta ningún reclamo de los "denominados pueblos originarios" (sic). Sin embargo, según se consigna en su carta, pidieron informes a la Comisión Nacional de Museos y Monumentos Históricos, en vez de hacerlo al Instituto Nacional de Antropología y Pensamiento Latinoamericano (INAPL), el organismo a cargo de los sitios arqueológicos, o al Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI), responsable de atender las demandas indígenas.

Lo curioso es que el reclamo es reconocido por el propio Gobierno de Tigre, el Instituto Nacional contra la Discriminación (INADI), que está interviniendo en el conflicto, la Defensoría del Pueblo de la Nación, que emitió un dictamen, y el Senado Bonaerense, que en noviembre pidió que dichas tierras sean declaradas reserva arqueológica y sagrada de los pueblos originarios. Más insólita aún es la lectura de ADIF sobre dicha declaración legislativa, ya que según su titular José Nicanor Villafañe en esa petición "jamás hubo una referencia concreta a un reclamo de los denominados Pueblos Originarios".

Respecto a las dos medidas cautelar a su favor, el titular de ADIF le comunicó a Arrambide que, en la primera, el juez César H. Cozzi Gainza se declaró incompetente y derivó el caso a la Justicia de San Isidro. Allí, el 3 de junio de 2009, el Juzgado en lo Contencioso Administrativo del Departamento Judicial a cargo de José A. Servín, dictó una medida cautelar similar, pero la misma fue revocada el 18 de noviembre de 2009 luego de que constataran la existencia de un puente Bailey sobre el arroyo Garín (el cual había sido alquilado al Ejército Nacional tras un convenio entre EIDICO y AYSA, que construye una Planta Potabilizadora a un kilómetro de distancia). Lo cierto es que en las próximas semanas será retirado este puente que posibilita el acceso público por la calle Brasil hasta el Canal Villanueva. Al parecer ya cumplió su objetivo: en estos meses la empresa terminó de destruir el terraplén para ampliar el canal en beneficio de los countries San Marco y San Benito.

LA RESPUESTA. Las expresiones del organismo fueron contestadas rápidamente por el senador provincial Daniel Expósito, autor del proyecto aprobado por unanimidad en noviembre de 2009 quien presentó, el 6 de septiembre, un documento dirigido a al presidente de ADIF. El legislador dijo estar preocupado: "Es trascendental que las tierras públicas del Estado sirvan para garantizar los derechos plenos del conjunto de la población, y se destinen a proyectos comunitarios y públicos, a contramano del destino privatista con el que fueron vendidos". Y le recomendó al funcionario: "sería de suma importancia la presencia en el lugar del Organismo que usted preside, que seguramente permitirá llevar claridad y decisión para la preservación de estas tierras como patrimonio del Estado". [Respuesta completa]

En tanto, representantes de organizaciones indígenas del área metropolitana tambien presentaron un acto administrativo, el 7 de septiembre, donde piden que las tierras no se vendan en el marco de una reparación a las naciones originarias preexistentes de Buenos Aires. La presentación fue remitida con copia al Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI), del Ministerio de Desarrollo Social. Allí dicen: "No somos extraños en estas tierras, no olvidamos la sepultura de nuestros ancestros, ni tratamos a nuestra madre, la tierra, como si fuese una cosa que se puede comprar, saquear, arrasar y vender cambiando la geografía del lugar a antojo de quien la habite. Estas tierras son la ceniza de los abuelos". [Escrito completo]

El 31 de agosto, por su parte, el vecino Carlos Arrambide contestó: "rompieron el terraplén a la altura del country San Benito (Escobar) para hacer un canal clandestino (...) pasando por los derechos míos, de mi familia y de todos los que vienen a Punta Canal. Todos los quilombos judiciales que tengo con los countrys es por culpa de Uds". [Leer respuesta]

A su vez, el Movimiento en Defensa de la Pacha elevó al organismo las miles de firmas recolectadas en estos meses pidiendo la anulación de la venta del KM1+690 al KM4+378. Las firmas son de pobladores de la zona de Tigre y Escobar así como de otros distritos, quienes conocen y quieren seguir disfrutando del parador público Punta Canal a la vez que exijen una reparación por la destrucción y apropiación del camino de las vías muertas.

PUNTA QUERANDÍ ARRASADO. La desembocadura del arroyo Garín, el antiguo puente del ferrocarril y el predio de la ex parada intermedia Punta Canal KM4, que si bien fue desmontado todavía no pudo ser apropiada por EIDICO. (MDP)

Si bien fue desmontado y sufrió el desmoronamiento de su costa, se logró evitar la total destrucción de Punta Canal KM4 con un acampe protagonizado desde febrero por vecinos de la zona e integrantes de pueblos originarios. El lugar fue renombrado Punta Querandí ya que allí los arqueólogos excavaron 300.000 piezas -entre ellas 30.000 tiestos de cerámica- de un yacimiento de los pueblos indígenas de hace mil años. Además de que continúan apareciendo restos que podrían tratarse de otros sitios arqueológicos sin identificar, el lugar es el espacio público más cercano al milenario enterrotorio Garín que quedó debajo del country Santa Catalina en la otra orilla del Canal Villanueva, a sólo 30 metros.

Con la medida de fuerza sobre la calle Brasil, el Movimiento en Defensa de la Pacha logró una gran difusión en medios de comunicación, como salir en la tapa del domingo del Diario Crónica, en diversos artículos de Página 12, Tiempo Argentino, Desafío Económico, en programas de TV de alta alta audiencia como CQC y Antes de Mediodía (ambos de Telefé), la Televisión Pública y el Canal Encuentro. Además de una enorme cantidad de medios radiales y periódicos de la zona norte como el Semanario Prensa Libre y el Diario de Escobar, entre muchos otros.

Ante las cámaras del segmento Proteste Ya del programa de televisión CQC, el gerente de ADIF Victor Colombano se había comprometido en junio a recuperar el inmueble para los vecinos. “Si estamos en derecho de reclamar no te quepa duda de que vamos a reclamar”, afirmó en ese momento el funcionario, quien incumplió su compromiso.

INTERESES CRUZADOS. En el folio 176 del expediente ENABIEF 3707/98 el actual funcionario de Tigre, Pablo Dameno, figura encabezando la asamblea de accionistas de CODICO.

NEGOCIOS, FAMILIA Y POLÍTICA. Uno de los principales accionistas del fidecoimiso CODICO que desarrolló el country San Marco, era Pablo Dameno un ex directivo de EIDICO que se desempeña al frente de la estratégica Subsecretaría de Planeamiento Urbano de Tigre. [Doble comando en Tigre]. No debe sorprender esta íntima relación entre empresa y Municipio. Según el blog Observador de Tigre, además del archidifundido puesto de asesor que tuvo Jorge O'Reilly en la Jefatura de Gabinete de Cristina Kirchner cuando estuvo a cargo de Sergio Massa, el hermano del presidente del Concejo Deliberante Julio Zamora (el segundo de Massa), Mario Zamora, es gerente de explotación de ADIF; y Javier Bosch, un familiar directo de los directivos de EIDICO, es asesor legal de la intendencia. [Los nexos entre Tigre, ADIF y EIDICO]

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