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¿Existen bandas "paraestatales" en el Chaco?
Por Fuente: Brian Pellegrini - Chaco dia por dia - Monday, Jan. 16, 2012 at 6:26 PM

El intento de desalojo forzoso de familias mocovíes por parte de una empresa privada debería generar el repudio unánime de toda la sociedad chaqueña y de todo el arco político. Las razones de los pobres siguen siendo “campanas de palo” para algunos.

En los últimos días, tomamos conocimiento que los representantes de la empresa privada Bajo Hondo Agro S.A., acompañados por personas armadas, intentaron desalojar por la fuerza a una comunidad originaria de sus territorios, a menos de 60 kilómetros de Pampa del Infierno. En diciembre, los “custodios privados” del mismo predio amenazaron con armas de fuego a un funcionario del gobierno provincial quién junto a dos vocales del Instituto del Aborigen Chaqueño intentaban tomar contacto con los indígenas que habitan esas tierras comunitarias.

Se oyeron pocas voces –casi ninguna- repudiando esta situación, muchas menos que las consternadas por el supuesto uso irregular del avión oficial por parte del gobernador Jorge Capitanich. Claro está, colgarse de esa desprolijidad en el ejercicio de la función pública de un gobernador identificado con el kirchnerismo garantiza mayor centimil y exposición en medios porteños que repudiar el avasallamiento de derechos indígenas consagrados por la Constitución Provincial, la Constitución Nacional y tratados internacionales a los cuales se encuentra adherido nuestro país. Defender a los pueblos indígenas “no vende” en Clarín y La Nación. En estos casos, el silencio y la omisión se ubican demasiado cerca de la complicidad con la ampliación de la frontera agropecuaria –que impone la naturaleza del actual modelo productivo extractivista- a costa del desarraigo de miles de campesinos indígenas y criollos de sus tierras.

Todo el arco político debería expresarse manifestando repudio al atropello y a la violencia perpetrada por “milicias privadas” en el Chaco, con la misma espontaneidad con que se repudian las “usurpaciones” de campos de productores por parte de campesinos e indígenas pobres que sólo reclaman tierras para producir. Para estos casos sería necesario apelar a los "consensos" que tantos dirigentes de distintos partidos pregonan en el vacío para solidarizarse con los "propietarios" y casi nunca con los que nada tienen.

No es novedad la existencia de verdaderas bandas dedicadas a engañar y expulsar a las comunidades originarias y a los campesinos pobres de sus tierras que involucran a empresarios y a empleados y funcionarios corruptos del Instituto de Colonización y otras áreas del gobierno provincial y los municipios. Pero que también alcanza a profesionales que “dan fe” para perpetrar las violaciones a los derechos y a las leyes vigentes.

Se repiten en estos casos los nombres de escribanos, abogados y contadores que casi nunca dan cuenta de sus actos. En el caso de Pampa del Infierno, una de las escribanas vinculada con la firma privada sería Roxana Andión, hija del intendente de esa localidad Carlos Andión, quién asumió hace pocas semanas en medio de un escándalo político de proporciones.

La condena a exfuncionarios del Instituto de Colonización de la gestión rozista por corrupción debería ser el punto de partida de un amplio accionar judicial tendiente a investigar el modo de funcionamiento de estas bandas que ahora también, como en Formosa o Santiago del Estero, se arrogan el ejercicio de la fuerza y la violencia paraestatal para imponer sus intereses espurios, cuando no encuentran funcionarios judiciales y policiales permeables a sus exigencias, como demostraron en esta oportunidad la rápida intervención de la fiscal de Sáenz Peña, Liliana Lupi, y el expeditivo accionar de la Policía Rural de Pampa del Infierno a cargo del subcomisario Romero.

Por Brian Pellegrini

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Aporte
Por Amigx - Tuesday, Jan. 17, 2012 at 9:56 AM

Cristian Ferreyra, 22 años, murió desangrado tras recibir un escopetazo en la pierna disparado por Javier Juárez, uno de los matones a sueldo de los sojeros de Santiago del Estero. Cristian estaba en su casa del paraje San Antonio con dos de sus compañeros del MOCASE-Vía Campesina, esperando hacer una asamblea allí mismo en la que la comunidad debía debatir cómo defenderse del avance de topadoras, sojeros, políticos y parapoliciales,
que tienen prácticamente sitiada a la comunidad de 25 familias que viven en 2.000 hectáreas e integran el Movimiento Campesino de Santiago del Estero.

Movilizacion del Mocase-Via Campesina

Allí llegaron Javier y Arturo Juárez, definidos por el MOCASE como “mercenarios contratados por el terrateniente José Ciccioli”. Resultó herido Darío Godoy, también integrante del MOCASE, y un tercer campesino fue gravemente golpeado. El MOCASE convocó hoy a las 9 de la mañana a una marcha en el centro de Santiago, y a las 11 de la mañana una en el Obelisco de Buenos Aires.

La peste soja: viaje al corazón del MOCASE

(publicada en Mu)

Terratenientes + gobierno

En diálogo con lavaca desde Santiago del Estero, Carlos Orellana, vecino de Cristian e integrante del MOCASE explicó: “Estamos defendiendo el lugar donde vivimos. Viene gente de los empresarios, matones, y ahora están contratando también a campesinos que se prestan para que haya estas cosas que ocurren: muertes, violaciones. Nos tenemos que organizar para que haya justicia. Es nuestra tierra ancestral. El gobierno está con este capitalismo, con los terratenientes”. Orellana se refiere al gobierno provincial del radical kirchnerista Gerardo Zamora, y al nacional. “No nos respetan, por eso nos hacen la guerra, para quedarse con la tierra y destruirla”.

La comunidad San Antonio está a 60 kilómetros de Monte Quemado, y forma parte de la Central Campesina Copo Alberdi (CCCOPAL) donde está también el pueblo indígena Lule Vilela. Son 816 familias que se autoabastecen y crían ganado en un territorio de 75.000 hectáreas pretendido por gobierno y terratenientes para ampliar el desierto sojero.

Guerra declarada, 1 año después

En agosto José Cuellar –cuñado de Cristian- había sido detenido sin causa por la policía de Monte Quemado, el municipio más cercano (a 60 kilómetros). En septiembre, la radio Pajsachama (del MOCASE) había sido atacada y destruida con bombas molotov. La quema de ranchos y pertenencias, denunciada por el MOCASE, se venía convirtiendo en costumbre cotidiana.

El problema no es estrictamente santiagueño, a poco que se recuerde que se está por cumplir un año, el 23 de noviembre, de la represión y quema de 16 ranchos de los qom en Formosa, episodio en el que la policía mató al qom Roberto López. La semana pasada los indígenas de la comunidad La Primavera volvieron a ser agredidos: un hijo y un nieto de Félix Díaz fueron baleados, con menos puntería.

Tampoco se trata de una casualidad, sino de algo sistemático. El MOCASE viene plantándose hace 21 años como organización campesina, sufriendo toda clase de represiones en toda clase de gobiernos. (Ver nota relacionada: La peste soja. Viaje al corazón del MOCASE)

Adicción

La adicción económica y política al modelo sojero (ver Mu 14: La peste soja, y Mu 31: Narco Soja) es el trasfondo de estos crímenes que violan leyes, constituciones, tratados internacionales y, sobre todo, vidas. Una curiosidad: el desmonte en los parajes santiagueños–según denunció el MOCASE- fue autorizado por la Dirección de Bosques y Fauna provincial. La asamblea de San Antonio iba a denunciar a esa Dirección.

Esta “normalidad” provincial provocó que el MOCASE (que ha tenido acuerdos con ciertas políticas del oficialismo nacional) saliera a cortar rutas como la 34, el año pasado, en demanda de que se le reconozcan la tierra que ocupan, de justicia, y de fin de los atropellos (ver en esta página: El MOCASE volvió a la ruta) todos temas ignorados por la autodenominada prensa nacional. Aquella vez el corte duró más de un mes.

Cristian será enterrado este 18 de noviembre. Tenía un hijito de 2 años. Era de los que había decidido quedarse en su tierra. Su asesino aún no había sido apresado. Orellana dice: “Tenemos que organizarnos para que no nos sigan matando, y la tierra sea nuestra”.

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