Julio López
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Reflotan ley de hábitat que Scioli “congeló” por lobby de los countries
Por Fuente: Info Cielo - Saturday, Sep. 29, 2012 at 4:31 AM

Se trata del proyecto de Acceso Justo al Hábitat, la continuidad de la Ley de Hábitat Popular que presentó y luego “congeló” Daniel Scioli en 2011, por presión de los desarrolladores inmobiliarios, a quien se iba a obligar a ceder tierras, y que hoy reimpulsa el kirchnerismo en la Cámara baja.

El propio gobernador Scioli anticipó el proyecto en la Legislatura, en ocasión de la apertura de sesiones de 2011, y lo presentó la entonces ministra de Infraestructura Cristina Álvarez Rodríguez, en marzo de ese mismo año. Originalmente establecía, como eje central, que los barrios cerrados y emprendimientos inmobiliarios de gran envergadura debían ceder el 10% de sus terrenos para la construcción de viviendas populares.

“Tras décadas de abandono, volvimos a encarar la problemática de la vivienda como una cuestión de Estado”, dijo Scioli en su discurso ante ambas Cámaras, tras lo cual prometió “profundizar el camino emprendido” con el envío “a la brevedad” “el proyecto de Ley de Promoción del Hábitat Popular”.

A casi dos años de dado a conocer, no se tradujo aún en una ley. Hay, sin embargo, dos iniciativas que avanzan en paralelo -cada una por su cámara- y que buscan dar un marco normativo al preocupante problema del hábitat en Provincia, que, en cifras, se traduce en un millón de personas sin techo propio y más de mil asentamientos sin regularizar. Se trata de dos desprendimientos del proyecto original, uno a cargo de los diputados Alberto España, Alicia Sánchez –esposa de Luis D’Elía, titular de la Federación de Tierra, Vivienda y Hábitat- y Marcelo Saín y otro del senador Alberto De Fazio.

Desde el kirchnerismo admiten que la presentación del proyecto de España, Sánchez y Saín es una respuesta ante la disconformidad de la posición sciolista, a la que califican como “conservadora”. La opción K, explican, es más acorde al espíritu original de la ley.

Eduardo Reese, ex subadministrador del Instituto de la Vivienda y principal impulsor del proyecto que el Gobernador anunció con bombos y platillos, aseguró a este portal que “echaron para atrás” lo ateniente con la iniciativa y que la de De Fazio “les cae mejor a los desarrolladores inmobiliarios”.

“Es un proyecto muy parecido al nuestro, hay párrafos completos iguales, pero le sacaron todas las cuestiones que para los desarrolladores eran ríspidas”, evaluó Reese, lo cual, dijo, “lo convierte en una cosa bastante ineficaz”. En el mismo sentido se expresaron desde el kirchnerismo y desde Nuevo Encuentro.

Ese “espíritu” al que hacía referencia Reese se retomó en el proyecto de Sánchez, que establece la obligatoriedad a desarrolladores de realizar “aportes o en efectivo o material a los efectos de tener tierra disponibles” para sectores populares. Así, un macroemprendimiento inmobiliario queda obligado a “hacer su aporte” para que otros tengan un techo.

La puja por conseguir aprobar la iniciativa en Diputados ya mostró dispuesta a buena parte de la tropa K. Del acto de presentación participaron el Presidente de la Cámara, Horacio González, junto al vicepresidente, José Ottavis; los legisladores Rocío Giaccone, Fernanda Raverta, María del Carmen Pan Rivas, Viviana Nocito, Alejandra Martínez, Lucía Portos, Graciela Rego, César Valicenti, Nelson Silva Alpa, Darío Golía, Juan De Jesús, Leonel Zacca (FPV-PJ); Natalia Gradaschi y Adrián Grana (Nuevo Encuentro); el Defensor del Pueblo bonaerense, Carlos Bonicatto; y funcionarios de municipios de la provincia.

Pese al apoyo cerrado, la diputada Alicia Sánchez, impulsora del proyecto desde la Comisión de Tierra, Vivienda y Hábitat, aseguró que “habrá que militarlo mucho”. Y explicó que la iniciativa “da participación injerencia directa a municipios y a organizaciones sociales”.

“Uno de los ejes rectores del proyecto habla del derecho, función social de la propiedad, gestión democrática de la ciudadanía y el reparto equitativo de cargas y beneficios. El tema de las inmobiliarias y los desarrolladores era todo ganancia para ellos y ningún reparto para los sectores que menos tienen”, aseguró a INFOCIELO.

El propio González consideró que “había una deuda del Estado en el tema de organización territorial” y aseguró que en el proyecto “trabajaron mucho los diputados y las organizaciones sociales” para lograr “que exista la transparencia en el acceso a la tierra y sea solidaria la participación de la comunidad para que todos tengan la posibilidad de tener acceso a su propia casa y a su propia tierra”.

Historia de una "marcha atrás"

Entre los cambios que promovía el proyecto original, se encontraba la idea de crear Zonas de Promoción de Hábitat Social, la creación de un programa de Lotes con Servicios, la creación de la figura del Consorcio Urbanístico para producir loteos en conjunto con privados, programas de microcréditos para reformas de viviendas, cesión del 10% de la tierra en urbanizaciones cerradas y grandes superficies comerciales, y otras medidas tendientes a garantizar la posesión de la tierra para sectores populares.

A Reese, arquitecto experto en planeamiento urbano y regional, le fue pedida la renuncia a pocos días del cambio de autoridades, el 7 de diciembre, bajo el pretexto de un supuesto “cambio de políticas del Instituto”, ordenado por el propio Scioli y ejecutado por el administrador del Instituto, Gustavo Aguilera, que redundó únicamente en su alejamiento del organigrama. Al insistir en busca de una explicación, relató, las respuestas obtenidas “fueron evasivas en cuanto a lo que iba a pasar con la ley y otras iniciativas como la de los microcréditos para sectores populares y lotes con servicios, que veníamos impulsando”.

Tras su alejamiento, no es muy optimista sobre la posibilidad de instalar cambios reales en el régimen de propiedad de la tierra:“No hay ninguna duda que Scioli estaba de acuerdo con el proyecto y avanzamos todo lo que pudimos; pero dos tapas del diario La Nación echaron todo para atrás”, se lamenta, y apunta sus cañones contra “Dolores O’Reilly, la hermana del desarrollador de Tigre (y funcionaria del gobierno bonaerense) la que filtro los datos a La Nación y a (el periodista Marcelo) Longobardi”.“Una ley como esta un avance como este que empieza declarando la función social de la propiedad no lo iban a dejar pasar”, asegura.

La alternativa Sciolista y las autonomías municipales

En concreto, las grandes diferencias entre los proyectos se originan a partir del artículo 26, que establece que “Será obligatoria la cesión gratuita a favor del Municipio del diez por ciento (10%) de la superficie total de los predios con destino exclusivo a la construcción de viviendas y/o de urbanizaciones sociales”, de parte de “emprendimientos de clubes de campo, barrios cerrados y toda otra forma de urbanización cerrada; emprendimientos de cementerios privados; emprendimientos de grandes superficies comerciales así como de establecimientos comerciales que conformen una cadena de distribución según lo establecido en la Ley Nº12.573 con sus reglamentaciones y modificatorias, que ocupen predios de más de cinco mil metros cuadrados”.

En su lugar, se lee en el nuevo proyecto que “los municipios podrán establecer una contribución obligatoria, consistente en la cesión gratuita a favor del Municipio de un porcentaje de suelo o su valor equivalente en obras o en dinero, generada como consecuencia de todo hecho, obra, acción o decisión administrativa que permita, en conjunto o individualmente un incremento significativo del valor del inmueble motivo de la misma”.

Este portal consultó oportunamente al senador Alberto De Fazio, quien se hizo cargo de “reformular” la ley para el paladar sciolista. En ese orden, desmintió que las modificaciones sugeridas tengan que ver con el lobby inmobiliario, y la vinculó a la idea de “proteger la autonomía de los municipios” para definir de qué manera se produce el aporte de las empresas.

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